La consecuencia para el trabajador será que los 50 euros más al mes que Yolanda Díaz pactó con los sindicatos no es real. La realidad es que se reducirán hasta la mitad, unos 25 euros.
Esto se traduce en que únicamente dejará 354 euros como ganancia real para el empleado.
Este cálculo representa el escenario más alto, ya que el impacto fiscal variará dependiendo de la situación personal de cada trabajador. Se considerarán factores como su estado civil, el número de hijos a su cargo, entre otros.
El problema radica en que, al no ajustar el umbral del IRPF en función del Salario Mínimo, este superará en 2025 el límite de tributación. Por lo que obligará a los empleados a destinar hasta un 43% del aumento previsto al pago de impuestos.
La medida adoptada por el Ministerio de Hacienda responde a la creciente recaudación derivada del incremento continuo del SMI. Desde 2018, este salario ha aumentado aproximadamente un 60%, lo que ha provocado que cada vez más contribuyentes se vean afectados.
Todo esto en un contexto crucial para la estabilidad de las finanzas públicas debido a la reactivación de las normativas fiscales.
Por su parte, Yolanda Díaz ha expresado su desacuerdo con esta decisión, especialmente por su impacto en los trabajadores con ingresos más bajos. Mientras, promueve una reducción del IRPF para los propietarios de viviendas que opten por bajar el precio del alquiler.
En otras palabras, aunque el Ministerio de Trabajo ha manifestado su oposición, reconoce que la última palabra la tiene María Jesús Montero.
