El Gobierno de España es un polvorín, y muestra de ello ha sido la última artimaña política del aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Todo ocurrió después de que se desvelara la decisión de la cartera de Hacienda que encabeza la propia María Jesús Montero.
Decidió que paguen el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) también quienes cobran el salario mínimo interprofesional. Algo que levantó ampollas en la población y que supuso un enfrentamiento abierto entre su partido, pero también con Sumar.
Lo que no cuentan de la subida del salario mínimo
Sin embargo, el día en el que tenía rendir cuentas y dar explicaciones ante el Congreso, Montero no acudió. El diario ABC señala que el motivo de su ausencia es "por fiebre". Lo cierto es que tampoco tiene ningún acto en su Agenda de Moncloa.
El hecho de haber acudido al Congreso ha sido algo que muchos han reprochado a la ministra. En un momento en el que la tensión entre el Gobierno y su coalición crece.
María Jesús Montero recibe un nuevo revés del Supremo
La artimaña del Gobierno con el salario mínimo: solo 25 euros más para los empleados
Según estimaciones divulgadas por el Partido Popular, un trabajador que perciba el salario mínimo verá un incremento de 700 euros mensuales en su sueldo. Sin embargo, de esta cantidad, 346 euros serán retenidos por el Estado a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF.
La consecuencia para el trabajador será que los 50 euros más al mes que Yolanda Díaz pactó con los sindicatos no es real. La realidad es que se reducirán hasta la mitad, unos 25 euros.
Esto se traduce en que únicamente dejará 354 euros como ganancia real para el empleado.
Este cálculo representa el escenario más alto, ya que el impacto fiscal variará dependiendo de la situación personal de cada trabajador. Se considerarán factores como su estado civil, el número de hijos a su cargo, entre otros.
El problema radica en que, al no ajustar el umbral del IRPF en función del Salario Mínimo, este superará en 2025 el límite de tributación. Por lo que obligará a los empleados a destinar hasta un 43% del aumento previsto al pago de impuestos.
La medida adoptada por el Ministerio de Hacienda responde a la creciente recaudación derivada del incremento continuo del SMI. Desde 2018, este salario ha aumentado aproximadamente un 60%, lo que ha provocado que cada vez más contribuyentes se vean afectados.
Todo esto en un contexto crucial para la estabilidad de las finanzas públicas debido a la reactivación de las normativas fiscales.
Por su parte, Yolanda Díaz ha expresado su desacuerdo con esta decisión, especialmente por su impacto en los trabajadores con ingresos más bajos. Mientras, promueve una reducción del IRPF para los propietarios de viviendas que opten por bajar el precio del alquiler.
En otras palabras, aunque el Ministerio de Trabajo ha manifestado su oposición, reconoce que la última palabra la tiene María Jesús Montero.
