El Gobierno de España ha decidido destinar una millonaria suma para realizar obras en centros de inmigrantes ilegales en Canarias. Un total de 3,6 millones de euros se ha adjudicado en cuatro contratos gestionados por la empresa pública TRAGSA. Esta es la encargada de llevar a cabo estas intervenciones. Esta noticia, adelantada por el usuario @CanarioToday en la red social X (antes Twitter), ha generado amplio debate.
El primer contrato tiene fecha a 12 de julio. Este asignó 2,19 millones de euros para la retirada de residuos en las zonas de acopio de los centros de Las Raíces y Las Canteras. Según la licitación, esta inversión busca minimizar el impacto ambiental, preservar la biodiversidad y proteger los recursos hídricos y marinos.
Un mes después, el 2 de agosto, el Gobierno volvió a aprobar otra licitación de 696.079,94 euros para materiales de impermeabilización y aislamiento en los mismos centros de primeras llegadas.
Solo cinco días después, el 7 de agosto, un nuevo contrato de 542.621 euros fue adjudicado a TRAGSA para el suministro de cementos y morteros. Finalmente, el 4 de octubre, la empresa recibió 162.227 euros adicionales para productos de hormigón prefabricado.









