La medida de la Complutense para limpiar su imagen tras el 'caso Begoña Gómez'

El caso de Begoña Gómez ha pasado factura a la Complutense. Este jueves se están disputando el puesto por el decanato de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El elegido sustituirá a Jorge Clemente, quien participó en la comisión de investigación en la Asamblea a la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Así lo confirma La Razón. De esta manera, el salpicado por la supuesta trama de corrupción pasará a la historia. Los tres candidatos son Pilar Cousido, profesora titular de Derecho Constitucional; Héctor Fouce, profesor titular de Periodismo y Nuevos Medios. 

También Ángel Rubio, vicedecano de Calidad e Innovación Docente y miembro del Departamento de Periodismo y Comunicación Global.

Para resultar electo, uno de los tres candidatos debe obtener mayoría absoluta en la primera vuelta. En caso de no alcanzarse este umbral, se celebrará una segunda vuelta el 27 de mayo. Allí será suficiente con una mayoría simple para ganar.

Nuevo paso en el caso

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso relacionado con Begoña Gómez, ha citado a declarar nuevos testigos.

Concretamente a dos responsables de la empresa Devoteam. Se trata de la firma que desarrolló parte del software vinculado a la Cátedra de la Mujer, dirigida por la esposa del presidente del Gobierno.

Los interrogatorios están previstos para el próximo 5 de junio a partir de las 13:00 horas. Según fuentes del caso, Devoteam fue subcontratada por Google para crear parte de la plataforma.

La compañía tecnológica invirtió inicialmente 40.000 euros, pero luego desembolsó otros 70.000 adicionales. La inversión final ascendió así a 110.000 euros.

Desde Devoteam explicaron a La Razón que el encargo partió directamente de Google, que fue quien asumió los pagos por el desarrollo.

Sin embargo, el pasado 14 de abril, uno de los empleados de la consultora se puso en contacto con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A través de un correo electrónico se originó todo.

Informó que, tras revisar “la cuenta de facturación” de su participación en dos de los proyectos, detectaron que esos desarrollos seguían generando un coste mensual. Estos oscilaban entre unos 750 euros.

El trabajador pidió entonces a la universidad aclarar si debían “seguir” con el trabajo o si podían “eliminarlo”. “Nos está generando un gasto extra”, advirtió al centro académico.

Lo llamativo del caso es que estos proyectos no eran conocidos por la UCM, según consta en la investigación. Ahora, el juez busca aclarar qué papel jugó cada parte en la creación del software y por qué seguían activos desarrollos que la universidad no había registrado oficialmente.