El mayor miedo de García Ortiz tras la decisión del juez

La decisión del juez Ángel Hurtado de imponer una fianza de  150.000 euros al fiscal general del Estado,  Álvaro García Ortiz, ha desatado toda una polémica. Sobre todo para los simpatizantes de izquierda. 

La medida, que busca garantizar posibles responsabilidades en un eventual juicio por el delito de revelación de secretos, ha sido calificada de “desorbitada” por fuentes cercanas al jefe del Ministerio Público. 

Según estas, García Ortiz podría verse obligado a poner en juego su vivienda u otros bienes personales. Esto, para hacer frente a la cantidad, que debe depositarse en un plazo de cinco días. De no cumplirse, el juez ha advertido que se procederá al embargo de sus bienes. 

Todo ello, según las informaciones que ha publicado recientemente el digital El Confidencial. 

El origen de esta fianza está ligado a la difusión de un correo relacionado con el empresario Alberto González Amador. La actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

González reclama 300.000 euros como indemnización por los daños morales y profesionales causados por la filtración. En la que se negociaba un pacto a cambio de admitir delitos  contra la Hacienda Pública.

En su auto, el juez Hurtado considera que los 300.000 euros solicitados por la acusaciónparticular son “excesivos” para compensar el daño moral. Pero justifica la fianza de 150.000 euros al incluir posibles costas procesales y multas asociadas al delito de revelación de secretos.

Los siete que juzgarán a García Ortiz

Andrés Martínez Arrieta es el presidente. Nació en 1955 e ingresó en la carrera judicial en 1979. Ha pasado por juzgados de Azpeitia, Lerma y Madrid antes de llegar al Supremo en 1998.

Fue el vocal más joven de la historia del Consejo General del Poder Judicial. Desde julio de 2025 dirige la Sala Segunda.

Manuel Marchena es uno de los nombres más conocidos. En el Supremo desde 2007, presidió la Sala Penal durante casi una década.

Fue la cara visible del juicio del procés y autor de su sentencia. Doctor en Derecho y exfiscal, también ha publicado numerosos estudios jurídicos.

Antonio del Moral, magistrado desde 2012, procede también del Ministerio Fiscal. Doctor por la Complutense, ha enseñado en el Instituto de Empresa y la propia universidad madrileña. Formó parte de la comisión que elaboró un borrador del nuevo Código Procesal Penal.

Susana Polo es la magistrada que admitió la causa contra García Ortiz. Llegó al Supremo en 2018 tras una larga trayectoria en juzgados de Madrid y Alicante. Especialista en violencia de género, ha coordinado la formación nacional en esta materia desde 2010.

Ana Ferrer se convirtió en 2014 en la primera mujer en acceder a la Sala Penal. Antes había presidido la Audiencia Provincial de Madrid. Forma parte de la Comisión General de Codificación y está vinculada a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

Carmen Lamela ingresó en la carrera judicial en 1986. Ha pasado por Orihuela, Badalona, Madrid y la Audiencia Nacional.

Allí instruyó causas de gran impacto en el Juzgado Central número 3. También trabajó en el Ministerio de Justicia en proyectos de modernización.

Juan Ramón Berdugo completa el tribunal. En el Supremo desde 2004, fue uno de los jueces del juicio del procés. Licenciado en Valladolid, cuenta con experiencia en Córdoba, Ciudad Real y Vitoria.

Ha participado en seminarios y recibido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

En noviembre, estos siete magistrados tendrán la tarea histórica de juzgar al máximo responsable de la Fiscalía española. Una cita inédita que pondrá a prueba la solidez institucional del Supremo.