Marta Barrachina reivindica Castellón frente al Gobierno de Sanchez
La presidenta de la Diputación exigió unos Presupuestos Generales que garanticen las inversiones en la provincia
La Diputación Provincial de Castellón ha exigido al Gobierno Central que la provincia sea escuchada y atendida, mostrando su defensa de la capacidad inversora de los ayuntamientos. Durante el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, se aprobaron varias mociones con este propósito.
Una de las mociones aprobadas solicitó al Gobierno de España adoptar medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se pidió una inversión suficiente para reforzar el trabajo de protección a la ciudadanía, garantizar su seguridad y construir instalaciones dignas. La moción incluyó la petición de aumentar la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reconsiderar la supresión de unidades del Seprona y garantizar la continuidad de los cuarteles previstos para cierre.
Además, se exigió al Gobierno de España la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 que garantice las inversiones necesarias para la provincia de Castellón. Se lamentó que el PSOE haya votado en contra de nuevos Presupuestos Generales, lo que prorroga un presupuesto anterior con recortes. La moción recibió votos a favor del Gobierno Provincial y Vox, abstención de Compromís y voto en contra del Grupo Socialista.
Otra moción aprobada defendió la capacidad inversora de los ayuntamientos, respaldando los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria propuestos por el Gobierno del Estado, que permitirían a los ayuntamientos cuadrar el ejercicio con equilibrio presupuestario y aumentar su capacidad inversora. La Diputación de Castellón rechazó el voto contrario del Senado a este acuerdo.
Además de las mociones, durante el pleno se reafirmó el apoyo de la Diputación Provincial a los alcaldes y alcaldesas en la defensa del territorio frente a la implantación de megaplantas fotovoltaicas. Se destacó la aprobación de una línea de ayudas para sufragar gastos de asesoramiento y/o legal en el proceso de alegaciones a proyectos de megaplantas fotovoltaicas realizados durante el ejercicio 2024.
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