La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reafirmado su compromiso de defender a los castellonenses ante la "nueva amenaza" de derribos en Torre la Sal impulsada por el Gobierno central. "Es inaceptable que, tras años de incertidumbre, el Ejecutivo cierre las puertas al diálogo y obligue a nuestros vecinos a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales para defender lo que legítimamente les pertenece", señaló.
La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha notificado a los propietarios de Torre la Sal la desestimación de sus recursos contra la resolución de 2021 que ordenaba la recuperación posesoria de sus viviendas al considerarlas en dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión agota la vía administrativa y deja únicamente la opción judicial para evitar los desahucios.
Barrachina exigió al Ministerio que retome el diálogo y busque soluciones consensuadas: "Torre la Sal no es solo un conjunto de viviendas; es parte de nuestra identidad y nuestra historia. Su destrucción sería una pérdida irreparable para Castellón y las generaciones futuras".
