Marlaska castiga a la Guardia Civil y niega un plus que sí cobra la Policía

El Ministerio del Interior sigue sin conceder a la Guardia Civil el complemento de territorialidad que sí perciben miles de agentes de la Policía Nacional. Este plus retributivo compensa destinos con alto coste de vida, presión operativa o especial dificultad social.

En muchas de esas zonas, ambos cuerpos trabajan codo con codo e incluso comparten funciones policiales. Sin embargo, sólo la Policía Nacional recibe la compensación económica.

Según cifras oficiales, la Policía Nacional recibe 184,14 euros mensuales en Madrid capital por este concepto. En el aeropuerto de Barajas son 178,42 euros y en comisarías locales de Madrid, 96,84.

En Canarias el plus asciende a 146,23 euros y en Baleares a 145,10. En Barcelona capital reciben 55,68 euros y en el resto de Cataluña, 42,02.

En ciudades como Valencia, Sevilla o Málaga, el complemento es de 36,76 euros, mientras que en Melilla y Ceuta asciende a 53,52 y 52,74 euros.

Este complemento no es lo mismo que la indemnización por residencia, que perciben todos los funcionarios en territorios insulares o ciudades autónomas.

Se trata de una ayuda adicional vinculada a las condiciones específicas del destino: coste de vida elevado, presión operativa, escasez de servicios básicos o dificultad para conciliar la vida personal.

Acusación de discriminación salarial

La Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) considera que esta diferencia es una «discriminación salarial» que no tiene justificación técnica ni económica.

Su portavoz nacional, Daniel Fernández, afirma que en muchos casos los guardias civiles soportan mayor carga operativa que la Policía Nacional.

Ambos cuerpos tienen sus retribuciones reguladas por la misma norma, el Real Decreto 950/2005. Comparten competencias en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, control fronterizo o vigilancia de infraestructuras estratégicas.

A menudo trabajan en los mismos edificios, asumiendo idénticos riesgos y enfrentándose a los mismos desafíos.

Por ello, la IGC exige que el plus se extienda de forma inmediata a la Guardia Civil en las mismas zonas y con idénticas cuantías. También pide su actualización anual en función del IPC, el mercado inmobiliario y el nivel de presión operativa de cada destino.

Petición para el Campo de Gibraltar

La asociación también solicita que el complemento se aplique al Campo de Gibraltar. Argumenta que su situación estructural de narcotráfico, criminalidad y conflictividad social lo convierte en un destino especialmente exigente.

«Es inaceptable que dos cuerpos bajo el mismo ministerio, en los mismos territorios y con los mismos riesgos, tengan sueldos distintos», afirma Fernández.

La IGC llevará esta reivindicación al próximo Consejo de la Guardia Civil, recordando que la dignidad profesional no debe depender del uniforme.

La IGC denuncia que la diferencia no es solo económica, sino también operativa. Explica que muchos policías nacionales trabajan con un sistema 6×6, seis días de servicio y seis de descanso, que permite planificar mejor la vida personal.

En cambio, la mayoría de guardias civiles carecen de un régimen de turnos fijo. Aquellos que trabajan a turnos acumulan muchas más horas al año que un policía, lo que implica más días de servicio.

La Guardia Civil desempeña funciones clave en zonas rurales, urbanas, fronterizas y de alta especialización.

Por ello, la asociación considera «inadmisible» que se mida con doble rasero a quienes sirven al mismo Estado y al mismo ciudadano.

La casa cuartel no es la solución

Entre los argumentos para negar el complemento, algunos señalan que los guardias civiles cuentan con casa cuartel. Sin embargo, la IGC rebate que solo una pequeña parte de la plantilla vive en esas instalaciones.

«Apenas un 20% ha podido acceder a una casa cuartel», precisa Fernández. Para el resto, los gastos de vivienda y vida cotidiana son los mismos que los de cualquier otro trabajador destinado en esas zonas.

La asociación advierte que mantendrá la presión hasta conseguir este reconocimiento económico. Considera que no se trata de un privilegio, sino de una medida de justicia y equidad laboral.