Desde la llegada de María Jesús San José en 2024, se ha acelerado la concesión de terceros grados y semilibertad a presos de ETA, generando polémica
La política penitenciaria en el País Vasco vuelve a situarse en el centro del debate. Desde la llegada de María Jesús San José a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos en 2024, se ha acelerado la concesión de tercer grado y regímenes de semilibertad a presos de ETA, una dinámica inaceptable.
Los datos reflejan una tendencia clara. En este tiempo se han concedido más de 30 terceros grados y diversas medidas de flexibilidad penitenciaria. En la práctica, esto se traduce en un ritmo constante: aproximadamente una nueva salida cada dos semanas. Esto no es una decisión puntual, sino de una política mantenida en el tiempo con un patrón reconocible.
El contexto político tampoco es ajeno a esta situación. Estas decisiones llegan en un momento en el que el frágil Gobierno de Pedro Sánchez depende del apoyo parlamentario de formaciones como EH Bildu, lo que ha intensificado las sospechas sobre posibles concesiones en materia penitenciaria.
Beneficios a condenados por delitos graves
Entre los beneficiados aparecen nombres especialmente sensibles, como antiguos dirigentes de ETA o condenados por atentados de gran impacto. Casos como los de ‘Txeroki’ o ‘Anboto’ han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la reinserción y el momento en el que deben concederse este tipo de beneficios.
También figuran otros perfiles vinculados a asesinatos relevantes, lo que ha aumentado el malestar entre asociaciones de víctimas, que consideran que las decisiones se están adoptando con una rapidez difícil de justificar.
En algunos casos, la propia Fiscalía ha recurrido estas progresiones al entender que no existe una evolución suficientemente consolidada de los internos. Sin embargo, pese a estos avisos, el ritmo de concesiones no se ha frenado.
El uso del artículo 100.2 y las críticas de las víctimas
Uno de los aspectos más cuestionados es la utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una vía que permite flexibilizar el régimen de los presos sin que cumplan todos los requisitos del tercer grado. Este mecanismo se ha convertido en una herramienta habitual para facilitar salidas progresivas de prisión.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo llevan tiempo denunciando que muchos de estos internos no han mostrado un arrepentimiento real o mantienen vínculos con el entorno de la izquierda abertzale.
Además, advierten de que este tipo de decisiones transmite un mensaje preocupante sobre la gravedad de los delitos cometidos y sobre el reconocimiento a las víctimas, reabriendo un debate que parecía cerrado pero que vuelve con fuerza a la actualidad política.
