La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado ya las fronteras nacionales y será analizada en el Parlamento Europeo. La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo, pactada con socios políticos como Podemos, ha despertado una fuerte preocupación en Bruselas. Principalmente, por su impacto en la seguridad y en el control de fronteras dentro de la Unión Europea.
La iniciativa ha sido llevada a la comisión de Peticiones por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, que ha pedido su tramitación urgente ante lo que considera una medida adoptada sin garantías suficientes. Desde el Partido Popular Europeo alertan de que esta regularización “a ciegas” podría afectar a miles de personas sin un control adecuado.
El trasfondo es claro: una decisión de gran calado que el Gobierno ha planteado sin medir sus consecuencias ni dentro ni fuera de España.
Falta de control y muchas incógnitas
Uno de los principales puntos de fricción es la ausencia de controles estrictos. El plan del Ejecutivo no exige, en todos los casos, certificados oficiales de antecedentes penales, lo que ha encendido las alarmas entre quienes consideran que esto puede abrir la puerta a situaciones difíciles de gestionar.
A esto se suma la falta de una evaluación previa de impacto. No hay un análisis detallado sobre cómo afectará esta regularización a los servicios públicos, al mercado laboral o al equilibrio del sistema migratorio. Para sus detractores, esto evidencia una improvisación preocupante en una materia especialmente sensible.
Además, la medida no solo tendría efectos en España. Al tratarse de permisos dentro del espacio Schengen, las personas regularizadas podrían desplazarse libremente por otros países de la UE, lo que convierte esta decisión en un asunto de alcance europeo.
Rechazo en España y preocupación en Europa
El plan del Gobierno ya ha sido rechazado en el Congreso de los Diputados, que votó en contra de la regularización masiva. A pesar de ello, el Ejecutivo sigue adelante con su propuesta, lo que ha elevado la polémica al ámbito europeo.
España podría asumir una responsabilidad que acabaría teniendo efectos en toda la Unión. La posibilidad de regularizar a más de un millón de personas, según algunas estimaciones, ha intensificado el debate.
En este contexto, la decisión de Sánchez vuelve a poner sobre la mesa su forma de gobernar: medidas de gran impacto, pactadas solo con sus socios, y que terminan generando dudas tanto dentro como fuera del país.
