Los nuevos testigos citados por el juez que investiga a Begoña Gómez y su causa
La aportación tecnológica de Indra a la cátedra de Begoña Gómez costó a la compañía más de 128.000 euros
Begoña Gómez sigue acaparando polémicas. Después de una semana en la que su nombre y el de su asesora han estado en boca de todos, el caso de Begoña Gómez vuelve a dar un giro.
Esta vez llega de la mano de la nueva decisión del juez Peinado, tras citar a nuevos testigos. El juez que investiga a la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Ha citado a declarar como testigos a representantes de las compañías el próximo 22 de enero.
Las tres empresas, según los documentos en poder del Juzgado, colaboraron de manera desinteresada en la creación de una plataforma digital. La misma que estaba vinculada a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez para las pymes. El objetivo era evaluar la contribución de estas compañías a la sociedad.
Ninguna de las tres empresas, con las que habrían tenido conversaciones tanto la propia Gómez como la coordinadora de la cátedra. Concretamente con Blanca de Juan, pero ninguna recibió pago alguno por su participación en el desarrollo.
Además, el juez también cita el día 22 a los representantes de Fundación Manpower y Arsys Internet. Esta es la compañía a través de la que Begoña Gómez registró el software unido a su cátedra.
Solicitan imputar a la asesora de Begoña Gómez por presuntas gestiones privadas
Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, ha sido señalada por su posible implicación en la gestión de actividades privadas de Begoña Gómez.
Las acusaciones populares han solicitado al juez que cite a Cristina Álvarez como imputada en la investigación sobre la cátedra liderada por Gómez.
Se cuestiona el uso de recursos públicos, como el correo oficial de Moncloa, para coordinar actividades privadas de la esposa del presidente.
Álvarez figura en correos electrónicos relacionados con eventos y gestiones privadas mientras ocupa un cargo financiado con fondos públicos.
Entre los eventos destaca el uso de su dirección institucional para coordinar actos como uno organizado en Ifema, generando sospechas.
El partido VOX ha liderado la solicitud de revisar la Relación de Puestos de Trabajo en Moncloa desde junio de 2018 para esclarecer los roles.
También se ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que analice los correos electrónicos de Álvarez para determinar el alcance de sus gestiones.
Los abogados han pedido además documentos relacionados con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta solicitud incluye expedientes sobre Propiedad Intelectual y registros vinculados al software desarrollado en el marco de la cátedra.
El ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, aportó información relevante sobre la gestión de la cátedra durante su declaración judicial.
Entre las pruebas figura un mensaje de WhatsApp entre Doadrio y Cristina Álvarez que detalla aspectos relacionados con las actividades investigadas.
La acusación también apunta a una trabajadora de la UCM. Que instruyó a Gómez sobre la firma de documentos relacionados con el software de la cátedra.
Según los registros, la ubicación del software y sus características podrían revelar el uso de recursos públicos en fines particulares.
Las acusaciones buscan determinar si las gestiones de Álvarez desde su cargo público están relacionadas directamente con intereses privados.
El caso se centra en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.
Más noticias: