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Mujer sonriendo con los brazos cruzados en un recuadro circular sobre una imagen de un paisaje costero con casas y árboles al fondo.
POLÍTICA

Los agricultores exigen soluciones integrales para el Mar Menor en Asamblea de Murcia

Según Natalia Corbalán, “la ley del Mar Menor se diseñó desde un enfoque erróneo"

La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, compareció en la Asamblea de la Región de Murcia. Para exponer la postura de la organización que representa a agricultores, cooperativas y empresas del Campo de Cartagena sobre las mejoras necesarias en la ley del Mar Menor.

Esta postura, que Corbalán detalló extensamente con vídeos y textos precisos que no permiten interpretación ni manipulación, coincide con la opinión de destacados técnicos, científicos y organismos públicos. Entre ellos se encuentran Ángel Pérez Ruzafa, José Luis García Aróstegui, Emilio María Dolores, así como la Confederación Hidrográfica del Segura. Además, respalda las investigaciones penales realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y la Ucoma de la Guardia Civil.

En línea con la opinión de los expertos más reconocidos, Natalia Corbalán afirmó que la actual ley del Mar Menor ha fracasado. No ha logrado recuperar la laguna y está poniendo en peligro la principal fuente de riqueza de la región, la agricultura. Según Corbalán, “la ley del Mar Menor se diseñó desde un enfoque erróneo, tratando a un paciente con un diagnóstico incorrecto".

Un trabajador con chaleco amarillo y gorra azul usa una pala en una playa fangosa con el mar de fondo.

Subraya que "esta legislación no reconoce las evidencias científicas y técnicas acumuladas hasta la fecha, y que la Fundación Ingenio ha ayudado a esclarecer. El origen del problema es multifactorial, y la agricultura es solo uno de los factores, aunque no el principal".

"En lugar de abordar el problema con la seriedad y la perspectiva necesaria, la ley se elaboró en función de conveniencias políticas del momento. Centrando el 70% de sus disposiciones en medidas agronómicas sin respaldo en evidencia sobre su efectividad para la recuperación del Mar Menor. Era bien conocido que estas medidas tendrían consecuencias perjudiciales para la agricultura, que es la principal riqueza de la Región de Murcia", ha expresado.

Corbalán presentó datos sobre el impacto de la ley en los agricultores del Campo de Cartagena. “Desde 2017, las cerca de 4.000 explotaciones agrícolas han asumido un coste de aproximadamente 3.000 millones de euros.

La expropiación de hasta el 20% del suelo y las múltiples restricciones en las parcelas han elevado los costes de producción. Reduciendo la competitividad de los agricultores", expresó. 

"Ahora enfrentamos un doble drama: el Mar Menor sigue sin recuperarse y la agricultura está gravemente afectada. No es que no lo hubiéramos advertido”, afirmó.

Grupos econegacionistashiperfinanciados

Corbalán cuestionó a los diputados sobre varios temas críticos. “¿Qué pasa con el sistema de depuradoras, la gestión de residuos y vertidos urbanos, las obsoletas estaciones de bombeo, los desechos tóxicos de la Sierra Minera, las playas artificiales en una laguna costera que debería carecer de ellas, los diez puertos deportivos que alteran el ecosistema con dragados dañinos, las embarcaciones a motor, y la presión urbanística que cuadruplica la población ribereña cada verano?”.

Estas preguntas reflejan los problemas mencionados previamente en la Asamblea por expertos y científicos. La directora de FI expresó la sorpresa de los agricultores. Al señalar que “se sigue negando el impacto contaminante de las aguas residuales urbanas por parte de políticos, Administraciones públicas y grupos econegacionistas altamente financiados”.

Atardecer en el mar con barcos en el horizonte y una mujer en un recuadro circular con el logo de una fundación.

Corbalán celebró que Podemos haya propuesto reformas a la ley del Mar Menor que coinciden con las propuestas de la Fundación Ingenio. Entre ellas, se incluye la prohibición de instalar grandes plantas fotovoltaicas en las zonas de exclusión alrededor de la laguna. También la implementación de “un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, saneamiento y estaciones depuradoras”.

Estos son puntos clave en las demandas de la Fundación. Corbalán destacó que la ley actual promueve un uso monopolístico de las tierras para instalaciones fotovoltaicas.

“El plan es sencillo. Saturar a los agricultores con una normativa asfixiante y abrumadora. En el peor de los casos, expropiarles sus tierras para que se vean obligados a cederlas a grandes fondos de inversión extranjeros. Mientras castigamos social y mediáticamente a la agricultura de regadío, que nos proporciona alimento, estamos dando la bienvenida a fondos internacionales de energías renovables. Para que se adueñen de nuestras tierras de cultivo”, declaró.

Por ello, FI propone a los políticos una serie de soluciones que aborden la problemática desde múltiples frentes. En primer lugar, FI considera esencial que la nueva ley regule “el principal factor responsable: las aguas residuales urbanas. Mientras esta ley no reconozca y aborde este problema principal, seguirá siendo un instrumento inútil para recuperar el Mar Menor”.

La Fundación habla de “la deficiente red de saneamiento, la falta de infraestructuras adecuadas como tanques de tormenta suficientes para los meses de verano y la necesidad de estaciones depuradoras. Que puedan manejar toda la carga en verano".

Explica que "deberían ser las prioridades de esta ley, junto con la renovación integral de las estaciones de bombeo. No es que las depuradoras funcionen mal, es que simplemente no tienen capacidad”, afirmó.

“Coincidimos con prácticamente todo el espectro parlamentario”

Fundación Ingenio propuso una serie de medidas desarrolladas por expertos académicos, conocidas como el Anillo Protector Ambiental, para ofrecer una solución integral al Mar Menor. La propuesta se centra en prácticas agrícolas mejoradas, la reducción de la descarga subterránea para disminuir el gradiente hidráulico entre el acuífero y el Mar Menor, y la disminución de la descarga superficial de las aguas de escorrentías, especialmente tras las danas.

Estas medidas coinciden con propuestas de varios partidos políticos, incluyendo las de Podemos, que buscan eliminar el monopolio de las fotovoltaicas en la ordenación territorial, derogar las ECARM e incluir un programa de mejora de las redes pluviales y de saneamiento.

Además, se destacó la importancia de intervenir en el acuífero, como lo planteaba el Plan Vertido Cero, extrayendo el agua que ingresa por la Rambla del Albujón y afecta el nivel freático, impactando a edificaciones e infraestructuras ribereñas.

Por ello, Natalia Corbalán instó a los políticos a corregir errores pasados, atender a los técnicos y científicos, y escuchar a la sociedad civil, representada por los agricultores del Campo de Cartagena a través de Fundación Ingenio.

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