Más menores, menos plazas, cero financiación. Así funciona la política migratoria de Pedro Sánchez.
Mientras la Comunitat Valenciana acoge 595 menores no acompañados y cumple escrupulosamente la ley, el Gobierno central exige más. Siempre más. Sin un euro adicional. Sin una plaza garantizada. Sin un solo acuerdo de retorno que frene la entrada irregular. España lleva años con las fronteras descontroladas y Sánchez ha preferido mirar hacia otro lado.
Juanfran Pérez Llorca lo dijo sin rodeos en Les Corts. El nuevo sistema de acogida del Gobierno pretende enviar 1.900 menores extranjeros no acompañados a una Comunitat cuyo sistema de protección tiene 1.800 plazas. Sin medios. Sin dinero. Sin infraestructuras. Su conclusión fue directa: "Hacer eso es de racistas y eso lo está haciendo el Gobierno de España".
No es un reproche menor. Es una denuncia en toda regla contra un Ejecutivo que usa a los más vulnerables como moneda de cambio. Los menores migrantes no llegan al País Vasco ni a Catalunya. No es casualidad. Es pacto. Es el precio que Sánchez paga a sus socios nacionalistas para seguir en La Moncloa. Y quien paga las consecuencias es la Comunitat Valenciana.
Las consecuencias son reales y se notan en la calle. El colapso del sistema de acogida no es un dato estadístico. Es presión sobre servicios sociales ya al límite, es tensión en barrios sin recursos suficientes, es inseguridad ciudadana que crece cuando el Estado abandona su obligación de gestionar, integrar y, cuando procede, retornar. Sin política de retorno no hay control. Sin control no hay seguridad. Y Sánchez no tiene ninguna de las dos cosas.
El decreto de regularización masiva aprobado por el Consejo de Ministros agrava el problema. Va en contra de la mayoría del Congreso, del Senado, de la mayoría de comunidades autónomas y del criterio del Consejo de Estado. El Consell ya ha anunciado que lo recurrirá. Llorca fue claro también en esto: las políticas migratorias "se tienen que hacer en los países de origen". Integrar sin capacidad no es humanismo. Es demagogia.
Los valencianos merecen un Gobierno que gestione, que controle y que proteja. Lo que tienen es un presidente que negocia con el drama humano y deja a las comunidades solas ante un problema que él mismo ha alimentado. Sánchez ha perdido el control. Y los valencianos lo están pagando.
