La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal continúa investigando la concesión de las ayudas públicas a Plus Ultra y centra ahora parte de sus pesquisas en un documento que considera determinante para aclarar si el rescate aprobado durante la pandemia cumplía todos los requisitos legales exigidos.
Los agentes intentan localizar el certificado que debía acreditar que la aerolínea estaba al día en el pago de las cuotas de la Seguridad Social cuando solicitó la ayuda pública en septiembre de 2020. Ese trámite era obligatorio para acceder al fondo gestionado por el Estado.
La investigación sostiene que la documentación entregada hasta ahora no ha permitido confirmar de forma clara si la compañía cumplía realmente esa condición en el momento de recibir el respaldo económico del Gobierno. La Policía reclamó inicialmente ese documento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de tramitar las ayudas concedidas a empresas afectadas por la crisis sanitaria.
Sin embargo, según reflejan los informes incorporados a la causa, el expediente remitido por la SEPI no incluía el certificado requerido por los investigadores. Además, la UDEF trasladó al juez instructor varias incidencias detectadas en la documentación recibida.
Los agentes señalaron que algunas carpetas aparecían vacías y que determinados archivos informáticos enviados por el organismo público no podían abrirse ni analizarse correctamente durante las diligencias. Ante la falta de información concluyente, la Policía volvió a solicitar la documentación a la SEPI, aunque la nueva respuesta tampoco resolvió las dudas de los investigadores sobre la situación financiera de la aerolínea.
