La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, afirmó haber llamado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a las 19:00
La reciente crisis en Valencia ha desatado una controversia sobre la coordinación entre la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
La alcaldesa de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, afirmó haber llamado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Según alrededor de las 19:00 horas del 29 de octubre. Informándole de las graves inundaciones y del peligro inminente para la población.
Según Albalat, su municipio no estaba preparado para enfrentar esta emergencia. Lo que generó una advertencia urgente a Bernabé sobre el riesgo de "múltiples muertes" debido a la falta de medidas preventivas adecuadas.
En una entrevista en TVE, Albalat explicó que prefirió contactar directamente a Bernabé en lugar de la Generalitat. Esperando que la delegada del Gobierno pudiera actuar con rapidez y transmitir la emergencia a las autoridades pertinentes.
Horas después, el Centro de Coordinación Operativa Integrada finalmente decidió emitir una alerta masiva a los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles alrededor de las 20:12 horas.
La respuesta fue calificada por varios actores como tardía y se plantearon interrogantes sobre la eficacia y coordinación de las autoridades responsables.
Por su parte, fuentes de la Generalitat han defendido su actuación al indicar que ya desde la tarde del día 29 se habían movilizado recursos.
Además, en respuesta a las críticas, señalaron que el Gobierno central también tiene la autoridad para declarar la "situación de emergencia 3". Sin necesidad de una solicitud de la comunidad autónoma. Una medida que habría permitido la intervención directa de la Unidad Militar de Emergencias en la zona afectada.
La delegada Bernabé respondió que había contactado a la consellera de Interior, Salomé Pradas, en tres ocasiones antes de las 20:00 horas, ofreciendo el despliegue de la UME.
Sin embargo, fue recién a las 15:00 cuando la Generalitat solicitó oficialmente el apoyo de la UME para Utiel. Aunque, según Bernabé, este pedido ya había sido tramitado desde las 14:00 horas, cuando la situación comenzó a deteriorarse en varias localidades afectadas.
El desbordamiento del río y las graves inundaciones dejaron al menos 205 muertos y numerosos daños materiales en varias localidades valencianas.
La falta de claridad en los procedimientos y responsabilidades ha llevado a que tanto el Gobierno central como la Generalitat enfrentan críticas. No solo de los afectados, sino también de la opinión pública, que cuestiona si se tomaron las decisiones adecuadas para proteger a la población.
