Esta es la ley que podría poner en jaque a Zapatero por sus relaciones con Maduro

José Luis Rodríguez Zapatero podría afrontar consecuencias. Aprobada en 2012, la denominada Ley Magnitsky es un instrumento legal de Estados Unidos que faculta a su Gobierno. Se usa para imponer sanciones a personas extranjeras implicadas en prácticas corruptas o en vulneraciones de derechos humanos fuera del país.

Esta normativa podría ser empleada por la Administración de Donald Trump para emprender acciones contra el expresidente del Gobierno español.

En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recibió una solicitud del sindicato Manos Limpias. Esto, para que se estudiara la imposición de sanciones contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al amparo de la Ley Magnitsky.

La organización fundamentó su petición en la supuesta implicación del exmandatario en actuaciones favorables al poder político venezolano. Una persona a la que responsabiliza de graves abusos contra la población.

El escrito sitúa estas acusaciones en el contexto del colapso del anterior liderazgo chavista, tras la detención por parte del Ejército estadounidense de Nicolás Maduro. También de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, lo que habría dejado el control del régimen en manos de Delcy Rodríguez.

Manos Limpias argumenta que las autoridades estadounidenses han calificado al chavismo como una estructura criminal vinculada al Cartel de los Soles. Y que numerosos organismos internacionales han denunciado de forma reiterada prácticas sistemáticas de corrupción, represión, violencia institucional y anulación de procesos democráticos en Venezuela.

En este marco, sostiene que cualquier beneficio económico o contraprestación que Zapatero hubiera recibido por intervenir en defensa de dicho régimen tendría un origen ilegal. También, podría encajar en un supuesto de blanqueo de capitales.

Fue promulgada inicialmente en 2012 bajo la presidencia de Barack Obama. La Ley Magnitsky surgió a raíz de la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien sufrió abusos tras denunciar casos de corrupción estatal.

En 2016, la norma fue ampliada. Adquirió alcance global y facultando a Estados Unidos a imponer sanciones unilaterales a ciudadanos extranjeros implicados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.

Entre las medidas previstas se encuentran la congelación de bienes, la revocación o denegación de visas y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense. Estas sanciones pueden aplicarse por vía administrativa, sin requerir una orden judicial. La ley ha sido utilizada contra jueces rusos, funcionarios de Turquía y Hong Kong, así como contra dirigentes latinoamericanos señalados por represión o fraude.