Letrados del Congreso alertan: la reforma del PSOE limita la libertad de información

Los letrados del Congreso advierten de que la reforma del Reglamento impulsada por el PSOE puede vulnerar la libertad de información. El texto busca sancionar a periodistas acreditados si entorpecen la actividad parlamentaria o el desarrollo normal de la prensa en Cámara.

Según el informe técnico, esta medida representa una restricción directa a un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. La advertencia aparece en una nota jurídica a la que publico Europa Press y que fue entregada a los grupos de la ponencia.

Dicha ponencia aprobó este lunes la reforma en la Comisión del Reglamento, órgano encargado de los cambios normativos en el Congreso. En ese análisis, los juristas subrayan que cualquier norma debe respetar los límites establecidos por la Carta Magna y el TC.

Citan expresamente el artículo 53, que impide que leyes o reglamentos limiten el contenido esencial de derechos fundamentales. "No se puede vulnerar el núcleo del derecho a la información", señalan, aludiendo también a la doctrina del TEDH en Estrasburgo.

El informe considera que regular a la prensa con sanciones exige valorar si se cumplen condiciones de legitimidad y proporcionalidad. Los letrados alertan además de que la propuesta tiene una redacción demasiado amplia y ambigua para ser jurídicamente segura.

Esto advierten, puede derivar en inseguridad jurídica para los periodistas y discrecionalidad en la aplicación de sanciones. La iniciativa plantea penalizar conductas que «obstaculicen» la labor parlamentaria, pero no define con claridad qué hechos se castigarán.

Los expertos jurídicos del Congreso insisten en que una reforma así debe concretar con más precisión los escenarios sancionables. Señalan que la libertad de prensa no puede estar sujeta a interpretaciones abiertas que afecten su ejercicio profesional diario.

También recuerdan que el artículo 20 de la Constitución protege expresamente el derecho a comunicar libremente pensamientos e ideas. Junto a ese artículo, mencionan el 23, que garantiza la participación ciudadana en asuntos públicos, como es el control político.

Ambos derechos, aseguran, están implicados en la labor informativa que desarrollan los medios dentro del Parlamento. Por ello, proponen que la Mesa de la Cámara Baja concrete mejor los casos en que se podría aplicar una sanción a periodistas.

Sugieren además que la experiencia acumulada permita ir definiendo criterios de actuación claros para no vulnerar libertades. En sus palabras, “no se pueden prever todos los casos”, pero sí generar seguridad jurídica para quienes informan desde el Congreso.

El informe también plantea comparar las sanciones previstas para periodistas con las que afectan a diputados en casos disciplinarios. Apuntan que un periodista no debe recibir un castigo más severo que un diputado que insulta o descalifica en sede parlamentaria.

Subrayan que toda sanción debe valorar la naturaleza del hecho, los derechos en juego y la proporcionalidad de la medida. Consideran esencial que haya opciones menos lesivas antes de recurrir a medidas disciplinarias contra la prensa acreditada.

La reforma, promovida por PSOE y aliados, aún debe pasar el filtro de la Comisión y el voto definitivo en el pleno del Congreso.