
Leire Díez contra las cuerdas: La UCO sigue en búsqueda de contratos clave en su ordenador
Los agentes manejan la hipótesis de que la exmilitante socialista hubiera formalizado acuerdos
Leire Díez sigue siendo tema de conversación. Tras facilitar a los investigadores las contraseñas de todos sus dispositivos y el acceso a su correo electrónico, la 'fontanera' del PSOE permitió que los agentes comenzaran a examinar el ordenador que utilizó mientras trabajaba en Correos.
El equipo informático había sido intervenido en la sede de la empresa pública el pasado mes de diciembre. No fue abierto hasta la semana pasada, momento en el que se inició la revisión de la abundante documentación que contenía. Pese a que su defensa tenía la opción de presentar alegaciones antes de este paso, finalmente optó por no hacerlo.
El análisis lo está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO). Trata de determinar si durante su etapa en la compañía pudo firmar contratos públicos.
Los agentes manejan la hipótesis de que la exmilitante socialista hubiera formalizado acuerdos con empresas relacionadas con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Una persona que también está siendo investigado en el procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

La solicitud de Leire Díez
Leire Díez ha solicitado al juez que instruye su causa que no amplíe la investigación al PSOE.
La exmilitante socialista sostiene que no existe base jurídica para implicar al partido. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid niega vínculos orgánicos. Asegura que no mantiene ni ha mantenido relación contractual con la formación política.
Su defensa recalca que actuó a título individual en los hechos bajo investigación. Por ello, considera improcedente extender el foco judicial a la estructura del PSOE.
La petición responde a la solicitud de Hazte Oír de investigar al partido. La acusación popular pidió además citar como testigo a José Luis Rodríguez Zapatero. Díez no se opone a esa comparecencia, aunque plantea límites concretos.
Entiende que debería circunscribirse a contactos puntuales con el fiscal José Grinda.
Otro de sus argumentos es que la ampliación carece de requisitos formales suficientes. Según su defensa, no se aportan indicios que justifiquen una nueva línea de pesquisa. También advierte que abrir esa vía obligaría a citar a otros partidos políticos.
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