El legado del Botànic y José María Ángel: la privatización del 112 y sus consecuencias

La externalización del servicio de emergencias 112 en la Comunidad Valenciana es un ejemplo de mala gestión política que ha derivado en precariedad laboral y despilfarro de dinero público. Esta decisión, impulsada durante la etapa del gobierno del Botànic, liderado por el PSOE y Compromís, y ejecutada por José María Ángel, actual comisionado especial para la Reconstrucción, ha puesto en jaque un servicio esencial para la seguridad de los ciudadanos.

Durante los últimos ocho años, el Consell del Botànic optó por la privatización del 112, dejando en manos de una empresa privada un servicio público crítico. Esta decisión ha provocado que las condiciones laborales del personal se rijan por un convenio colectivo del sector privado, lo que ha derivado en precariedad y en una clara desprotección de los trabajadores que, día a día, atienden llamadas de emergencia vitales.

Pero la gestión del Botànic no solo se ha caracterizado por la privatización, sino también por una alarmante falta de previsión. Entre agosto de 2022 y enero de 2023, la explotación operativa del 112 se realizó sin un contrato formal, una situación que denota una preocupante negligencia administrativa. Como consecuencia, la Administración tuvo que abonar 3,3 millones de euros en concepto de "enriquecimiento injusto" a la empresa adjudicataria. Este despilfarro de dinero público refleja la mala gestión del anterior gobierno y la falta de compromiso con una planificación eficiente.

Lejos de rectificar, en enero de 2023, el Comisionado Especial para la Reconstrucción, José María Ángel, formalizó un nuevo contrato por cuatro años, perpetuando así el modelo de privatización y las deficiencias estructurales que afectan al servicio. Es irónico que aquellos que promovieron la externalización ahora se presenten como defensores de los derechos laborales de los trabajadores del 112.

Ante esta situación, es imprescindible que quienes han gestionado el servicio asuman su responsabilidad y no recurran a discursos oportunistas para desviar la atención de su propia mala gestión. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos no pueden quedar supeditados a intereses partidistas ni a la improvisación administrativa.

Es hora de replantear el modelo de gestión del 112, garantizando que vuelva a ser un servicio público gestionado con criterios de calidad, estabilidad laboral y eficiencia económica. La precariedad laboral y el despilfarro no pueden ser el legado de una administración que prometió progreso y dejó incertidumbre.