Las redes se ríen de la progre que acogió a un inmigrante necesitado y la ha echado

Estíbaliz Kortazar, una vecina de Basauri, atraviesa una difícil situación de inquiokupación.

Desde hace más de once meses vive un auténtico calvario. Alquiló una habitación de su vivienda a un inmigrante magrebí "necesitado", y ahora se niega a abandonar el domicilio.

El inquilino dejó de abonar el alquiler en febrero de 2025. A día de hoy, sigue residiendo en la casa a pesar de que el contrato ya no está vigente. Además del dictado de una orden de desahucio el pasado mes de marzo.

La situación ha forzado a Estíbaliz a dejar su propia vivienda y alojarse provisionalmente en casa de su hermano. Tiene previsto regresar a finales de agosto. Lo hace por temor a que el ocupante se intente adueñar de la propiedad. 

La mujer reconoce que no va a ser fácil: "Sé lo que me espera, pero no tengo más remedio. Si se queda solo, pensará que la casa es suya".

El testimonio de Estíbaliz resulta estremecedor. Relata haber soportado durante casi un año un ambiente insoportable y lleno de tensión.

Una convivencia con el inquilino que se transformó en una auténtica tortura. Ejemplos como luces encendidas durante toda la noche, música y alarmas a primera hora del día.

La televisión con el volumen al máximo hasta la medianoche, y comportamientos provocadores como ver contenido pornográfico delante de ella. "Llevo un año durmiendo solo tres horas al día", lamenta.

Al desgaste emocional se suma una deuda que supera los 2.000 euros, acumulada por el impago del arrendatario. En un principio, el inquilino entregaba el dinero en efectivo y posteriormente mediante transferencia.

Desde febrero dejó de pagar por completo. En un mensaje de WhatsApp intentó justificar su actitud exigiéndole a Estíbaliz comprobantes de los pagos anteriores. La propietaria ha presentado todos los extractos bancarios ante los servicios sociales y ha tenido que recurrir a ayudas de emergencia.

Las redes condenan este acto de "buenismo"

Esta pesadilla comenzó con un acto de generosidad. Estíbaliz, que lleva años colaborando como voluntaria en asociaciones de apoyo a personas migrantes y refugiadas, decidió alquilar una habitación a este hombre. Había recibido recomendaciones positivas de quienes lo habían alojado temporalmente.

"Yo no tenía habitación libre, así que los chicos dormían en el sofá. A este le alquilé porque lo necesitaba y porque me dijeron que no había dado problemas", comenta.

El acuerdo firmado era un contrato de hospedaje-pupillaje, ligado a la percepción de ayudas sociales, con una vigencia de un año. A pesar de que se le comunicó claramente —también por WhatsApp— que no se le renovaría el contrato, el inquilino se negó a marcharse el 31 de diciembre. La policía, sin una orden judicial ejecutable, ha manifestado que no puede intervenir.

Estíbaliz ha buscado ayuda en las instituciones públicas. Aunque afirma que no ha recibido ningún tipo de respaldo: ni la trabajadora social, ni el Ayuntamiento de Basauri, ni la Diputación han ofrecido soluciones.

"Como no es violencia de género, porque no es mi pareja, nadie me ayuda. Solo me apoyan mis amigos, mi familia y la gente que está firmando en change.org preocupados", denuncia.

El caso ha generado una notable repercusión en redes sociales y medios de comunicación locales. Muchos lo ven como un ejemplo de cómo la legislación actual deja desprotegidos a los pequeños propietarios y permite que se produzcan situaciones de abuso.

"La ley está de su parte. El día que salga, yo no volveré a alquilar a nadie más. Eso lo tengo clarísimo", afirma con rotundidad Estíbaliz.

Lamenta que su vivencia pueda disuadir a otras personas de brindar apoyo a quienes más lo necesitan.