Estos pactos han generado un fuerte rechazo en sectores que acusan al Gobierno de desmantelar la unidad de España
Pedro Sánchez sigue aferrado al poder con nuevas cesiones a los partidos independentistas, facilitando el traspaso de competencias clave en Cataluña.
El último acuerdo con Junts y ERC incluye la transferencia de la gestión de inmigración a la Generalitat. Otorgándole control sobre los CIE y la expulsión de inmigrantes irregulares. Además de administrar los recursos para acogida y control migratorio, ampliando su margen de maniobra en políticas migratorias.
El pacto también establece que los Mossos d'Esquadra colaboren con Policía Nacional y Guardia Civil en la seguridad de aeropuertos y puertos. Consolidando su presencia en infraestructuras estratégicas y limitando la intervención del Estado en la comunidad autónoma.
La iniciativa ha sido presentada como proposición de ley en el Congreso, garantizando a la Generalitat más recursos humanos y técnicos. Lo que fortalece la autonomía catalana en materia de seguridad y gestión administrativa, cumpliendo así una de las demandas históricas del independentismo.
Desde 2018, Sánchez ha cedido a las presiones independentistas, condonando 17.000 millones de deuda y transfiriendo Rodalies a Cataluña. Lo que permitió a la Generalitat gestionar el servicio ferroviario con fondos estatales y sin control de Renfe. Debilitando la capacidad del Gobierno central en la región.
ERC logró que Cataluña gestione sus propios impuestos y establezca un "cupo catalán". Lo que facilitó la investidura de Salvador Illa, consolidando su estrategia de aumentar la financiación propia sin depender de los presupuestos generales del Estado.
La ley de amnistía, fundamental para el apoyo de Junts en 2023, se aprobó en 2024 con 177 votos. Aunque el Constitucional aún debe pronunciarse, lo que mantiene la incertidumbre sobre su aplicación y posibles repercusiones judiciales contra líderes independentistas procesados.
El PSOE también accedió a negociar con un mediador internacional y a crear comisiones sobre el ‘procés’ y el espionaje con Pegasus. Concediendo legitimidad a las tesis independentistas que denuncian supuesta represión del Estado contra dirigentes secesionistas.
En el País Vasco, el Gobierno transfirió las competencias de prisiones y tráfico facilitando el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. Cumpliendo así con una de las principales exigencias del PNV y Bildu para mantener su respaldo parlamentario a Sánchez.
Además, el Ejecutivo permitió que selecciones vascas de pelota y surf compitan en torneos internacionales con reconocimiento oficial. Impulsando la diferenciación de la identidad deportiva del País Vasco frente a España y abriendo la puerta a más aspiraciones soberanistas.
En Navarra, el PSOE acordó entregar Tráfico a la comunidad, eliminando la presencia de la Guardia Civil en las carreteras navarras. Lo que generó una fuerte polémica y el rechazo de asociaciones de agentes, que consideran la medida una cesión política a EH Bildu.
El pacto con Bildu también incluyó mayor presencia del euskera en la administración y apoyo para que el partido accediera a la alcaldía de Pamplona. Consolidando su influencia en las instituciones navarras y reforzando su papel como actor clave en la gobernabilidad.
Para obtener el respaldo del BNG, Sánchez concedió descuentos en peajes y nuevos trenes de cercanías en Galicia. Además de aliviar su deuda, fortaleciendo la posición del nacionalismo gallego en la negociación de recursos autonómicos con el Ejecutivo central.
Estos pactos han generado un fuerte rechazo en sectores que acusan al Gobierno de desmantelar la unidad de España a cambio de mantenerse en el poder. Lo que ha avivado el debate sobre la deriva territorial y el alto precio político de la permanencia de Sánchez en Moncloa.
