Pedro Sánchez sigue aferrado al poder con nuevas cesiones a los partidos independentistas, facilitando el traspaso de competencias clave en Cataluña.
El último acuerdo con Junts y ERC incluye la transferencia de la gestión de inmigración a la Generalitat. Otorgándole control sobre los CIE y la expulsión de inmigrantes irregulares. Además de administrar los recursos para acogida y control migratorio, ampliando su margen de maniobra en políticas migratorias.
El pacto también establece que los Mossos d'Esquadra colaboren con Policía Nacional y Guardia Civil en la seguridad de aeropuertos y puertos. Consolidando su presencia en infraestructuras estratégicas y limitando la intervención del Estado en la comunidad autónoma.
La iniciativa ha sido presentada como proposición de ley en el Congreso, garantizando a la Generalitat más recursos humanos y técnicos. Lo que fortalece la autonomía catalana en materia de seguridad y gestión administrativa, cumpliendo así una de las demandas históricas del independentismo.
Desde 2018, Sánchez ha cedido a las presiones independentistas, condonando 17.000 millones de deuda y transfiriendo Rodalies a Cataluña. Lo que permitió a la Generalitat gestionar el servicio ferroviario con fondos estatales y sin control de Renfe. Debilitando la capacidad del Gobierno central en la región.
ERC logró que Cataluña gestione sus propios impuestos y establezca un "cupo catalán". Lo que facilitó la investidura de Salvador Illa, consolidando su estrategia de aumentar la financiación propia sin depender de los presupuestos generales del Estado.
La ley de amnistía, fundamental para el apoyo de Junts en 2023, se aprobó en 2024 con 177 votos. Aunque el Constitucional aún debe pronunciarse, lo que mantiene la incertidumbre sobre su aplicación y posibles repercusiones judiciales contra líderes independentistas procesados.
