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Personal de rescate y asistencia médica ayuda a un grupo de migrantes a desembarcar de una embarcación frente al mar
POLÍTICA

Las ayudas millonarias a la inmigración ilegal disparan el efecto llamada en España y Francia

El “efecto llamada” se ha intensificado, impulsado por las ayudas y el alojamiento gratuito ofrecido por los gobiernos europeos

Las políticas inmigratorias en Europa vuelven a estar bajo la lupa. Francia y España afrontan un coste creciente por la inmigración ilegal.

El caso francés revela un impacto directo en sus finanzas. Un informe parlamentario cifra en mil millones de euros anuales el gasto. El estudio, elaborado por los diputados macronistas Charles Rodwell y Mathieu Lefèvre, destapa la “excepción inmigratoria argelina”.

Ambos parlamentarios denunciaron la “falta de transparencia” de la Administración y la ocultación de datos sobre el flujo argelino. El acuerdo franco-argelino de 1968 debía limitar el acceso a ayudas, pero hoy es una puerta abierta a beneficios sin reciprocidad. 

Los argelinos disfrutan de ventajas especiales en Francia. Pueden reagrupar a sus familias con menos requisitos que otros extranjeros.

Solo necesitan doce meses de residencia frente a los dieciocho exigidos al resto. También se les pide menos recursos económicos. El informe denuncia que el 24 % de las solicitudes de reagrupación familiar en 2023 fueron de ciudadanos argelinos.

Un grupo de personas, muchas de ellas con hiyabs, se encuentra reunido en un espacio cerrado.

Este número es más del doble de su peso en la inmigración total del país, que apenas alcanza el 10,5 % según datos oficiales. Rodwell alertó del “riesgo de sostenibilidad” del sistema, que ya tensiona las cuentas públicas y genera malestar social en Francia.

En España, la situación no es más alentadora. Las llegadas irregulares se dispararon durante marzo con cifras preocupantes.

El Ministerio del Interior registró 2.857 inmigrantes ilegales, un aumento del 30 % respecto al mismo mes del año pasado. Ocho de cada diez llegaron por Canarias, convertida en la principal puerta de entrada hacia la península. Solo el archipiélago recibió a 2.286 migrantes, casi el doble que en 2024, desbordando hoteles, centros y servicios de acogida.

Según datos difundidos por Canario Today, cada inmigrante alojado cuesta a los españoles una media de 1.700 euros al mes.

El “efecto llamada” se ha intensificado, impulsado por las ayudas y el alojamiento gratuito ofrecido por los gobiernos europeos. Los inmigrantes conocen las ventajas del sistema y arriesgan sus vidas en el mar para llegar a un destino que los ampara.

Un grupo de personas conversando y fumando frente a la entrada de un edificio.

En Canarias, la población local denuncia la saturación y el abandono institucional ante una crisis que parece no tener fin.

Los recursos públicos se desvían a la atención de los recién llegados, mientras crece la presión social en las islas.

El fenómeno se replica en otros puntos de Europa, donde las ayudas sociales se han convertido en el principal reclamo migratorio. La falta de medidas efectivas para controlar la frontera refuerza la percepción de impunidad y descontrol en el Mediterráneo.

Tanto Francia como España enfrentan el mismo dilema: mantener su política de acogida o frenar el gasto y el efecto llamada.

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