La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tendrá que acudir a un acto de conciliación tras la demanda interpuesta por el cantante Julio Iglesias. El procedimiento, fijado para el próximo 19 de mayo en Madrid, abre un frente judicial directo contra la ministra por unas declaraciones hacia el artista, que han terminado teniendo consecuencias legales.
El origen del conflicto se encuentra en las afirmaciones realizadas por Díaz tras la difusión de denuncias de dos antiguas empleadas del artista. La vicepresidenta no dudó en posicionarse públicamente con contundencia, calificando los testimonios de “escalofriantes” y llegando a hablar de una supuesta situación de “esclavitud”. Unas acusaciones de extrema gravedad que lanzó sin que existiera una resolución judicial que las respaldara.
Sin embargo, el recorrido judicial del caso no siguió la misma línea que sus declaraciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acabó archivando la denuncia al no ser competente, lo que dejó sin base legal las acusaciones iniciales. Pese a ello, el daño reputacional ya estaba hecho, situando ahora a Díaz en el foco de la reclamación judicial.
Del debate político a los tribunales
La respuesta de Julio Iglesias no se hizo esperar. El artista optó por acudir a los tribunales al considerar que su honor había sido vulnerado. En su demanda sostiene que las palabras de la ministra no solo dañan su imagen pública, sino que también traspasan los límites de la libertad de expresión.
