Junta de Extremadura La Junta de Extremadura aprueba un decreto de información administrativa y participación ciudadana para modernizar la relación con la ciudadanía
El decreto reúne en un único marco jurídico los derechos clásicos de participación ciudadana
La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto que regula la información administrativa, la atención ciudadana y la participación pública en toda la comunidad. La presidenta María Guardiola impulsó esta medida desde el Consejo de Gobierno para actualizar un marco normativo con más de veinticinco años de antigüedad. La norma unifica derechos dispersos y adapta los procedimientos a los canales digitales más utilizados actualmente.
El decreto reúne en un único marco jurídico los derechos clásicos de participación ciudadana y define cómo ejercerlos mediante herramientas presenciales y telemáticas. Además, establece una relación más directa entre administración y ciudadanía, basada en accesibilidad, transparencia y mejora de la experiencia del usuario. El Ejecutivo regional refuerza así su compromiso con una atención ágil y cercana.
Desaparece el tradicional libro de quejas y se habilitan canales digitales para presentar reclamaciones en cualquier dependencia autonómica. Las sugerencias podrán tramitarse mediante teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico, facilitando un acceso inmediato desde cualquier punto del territorio. Este sistema permite un seguimiento homogéneo de cada solicitud.
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Por primera vez se regula el derecho a proponer iniciativas reglamentarias dentro del ámbito autonómico. Las personas interesadas deberán presentar una propuesta normativa acompañada de memoria justificativa y un mínimo de dos mil firmas. La iniciativa será evaluada por el órgano competente en participación ciudadana antes de su traslado a la consejería correspondiente.
El decreto permite crear Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o puntos de registro temporales cuando la demanda lo requiera. Esta flexibilidad mejora la capacidad de respuesta institucional en situaciones excepcionales. También amplía las posibilidades de atención presencial en zonas con mayor necesidad.
La ciudadanía podrá participar en la evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios autonómicos. La Junta habilitará nuevos mecanismos para recoger opiniones y propuestas sobre su actuación. Este modelo fomenta una administración más abierta y receptiva.
El Gobierno regional considera que estas medidas fortalecen la confianza institucional. La reforma impulsa un modelo administrativo orientado al servicio público y la mejora continua. Extremadura avanza hacia una gestión más moderna, participativa y adaptada a las necesidades reales.
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