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El juez sitúa Ferraz como centro de operaciones de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez con 39 reuniones

El juez sitúa Ferraz como centro de operaciones de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez con 39 reuniones
Ferraz era el centro de operaciones de Leire Díez y Cerdán
porJose Andres Jorge Barceló
politica

La primera reunión documentada se produjo el 26 de abril de 2024, coincidiendo con el conocido “periodo de reflexión” anunciado por Pedro Sánchez

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La sede nacional del PSOE en la calle Ferraz se ha convertido en el epicentro de una nueva tormenta judicial que golpea de lleno al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa al cuartel general socialista como la base de operaciones de la presunta trama dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” distintas causas judiciales que afectan al Ejecutivo y al Partido Socialista.

Según la resolución judicial, el exsecretario de Organización del PSOE habría desempeñado un “papel superior” dentro de una estructura que utilizó recursos del partido para coordinar actividades investigadas por la Justicia. El magistrado sostiene que Santos Cerdán puso “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, facilitando medios humanos, administrativos y logísticos desde la sede de Ferraz.

Cerdán y sus reuniones con Leire Díez
Cerdán y sus reuniones con Leire Díez

El auto detalla que entre abril de 2024 y mayo de 2025 se celebraron al menos 39 reuniones vinculadas presuntamente a esta operativa. De ellas, 22 tuvieron lugar dentro de la sede nacional socialista y otras 17 fuera de Ferraz. La mayoría de los encuentros habrían sido protagonizados por Santos Cerdán y Leire Díez para coordinar actuaciones y rendir cuentas sobre las actividades investigadas.

La primera reunión documentada se produjo el 26 de abril de 2024, coincidiendo con el conocido “periodo de reflexión” anunciado por Pedro Sánchez tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. La última cita registrada en Ferraz tuvo lugar el 11 de abril de 2025, mientras que el último encuentro fuera de la sede socialista consta fechado el 21 de mayo de ese mismo año.

El juez considera especialmente relevante el uso de medios del PSOE para facilitar desplazamientos y encuentros relacionados con la trama. El auto recoge que el partido llegó a financiar hasta cuatro viajes de Leire Díez, gestionados directamente desde Ferraz por empleadas del PSOE.

Una de las trabajadoras señaladas por el magistrado es Covadonga San Pedro Pascual, quien habría tramitado y pagado el primer billete de avión de Leire Díez tras una reunión mantenida en abril de 2024. El escrito judicial sostiene que este hecho demuestra tanto la participación de personal administrativo del partido como la utilización de fondos del PSOE para cubrir gastos relacionados con las actividades investigadas.

Otra empleada mencionada en el procedimiento es Celia Rodríguez Alonso, que también habría participado en la organización de viajes y contactos vinculados a Leire Díez. El juez subraya que estos pagos no fueron hechos aislados, sino una práctica “recurrente a lo largo del tiempo”.

Además de los desplazamientos sufragados por Ferraz, el auto incorpora un viaje adicional a Zaragoza que habría sido financiado por el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en la causa.

La resolución judicial incrementa todavía más la presión política y mediática sobre el PSOE y sobre el entorno más próximo de Pedro Sánchez. El hecho de que el juez sitúe a la sede nacional socialista como infraestructura logística de una presunta trama organizada supone un escenario especialmente delicado para el partido, que vuelve a verse salpicado por investigaciones judiciales de enorme impacto político.

Mientras la Audiencia Nacional continúa avanzando en las diligencias, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos internos que afectan al PSOE en los últimos años, tanto por el número de reuniones documentadas como por el presunto uso de recursos del partido al servicio de actividades investigadas judicialmente.


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