La defensa de David Sánchez sostiene que “no ir a trabajar no es delito” en pleno juicio del caso Hermanísimo
La defensa del hermano de Sánchez sostiene que no ir a trabajar no es delito
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Uno de los puntos más delicados de la causa es precisamente el relativo a la asistencia efectiva al puesto de trabajo
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El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa dejando declaraciones que aumentan la polémica política y social en torno al conocido como ‘caso Hermanísimo’. La última controversia ha llegado de la mano de la estrategia de defensa del músico y alto cargo de la Diputación de Badajoz, cuyos abogados han sostenido ante el tribunal que “no ir a trabajar no es un delito en este país”.
La frase, pronunciada en plena vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Badajoz, ha provocado un intenso debate. Todo un privilegio que, según denuncian las acusaciones populares, habría disfrutado el hermano del presidente del Gobierno durante años mientras percibía un sueldo público.
Llegada de David Sánchez al juicio
David Sánchez se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que, según la juez instructora Beatriz Biedma, habría sido diseñada específicamente para él. La investigación judicial sostiene además que el puesto fue posteriormente adaptado a sus preferencias personales y que apenas existía control sobre su actividad laboral.
Uno de los puntos más delicados de la causa es precisamente el relativo a la asistencia efectiva al puesto de trabajo. Durante la instrucción, distintos informes y testimonios reflejaron que David Sánchez acudía escasamente a las dependencias de la Diputación, pese a ocupar un cargo de alta dirección con un salario sufragado con fondos públicos.
La defensa ha tratado de restar importancia a este aspecto asegurando que la ausencia física en el puesto no constituye por sí misma un delito penal. Sin embargo, las acusaciones sostienen que el problema no radica únicamente en acudir o no acudir a la oficina, sino en la posible creación irregular de una plaza pública y en el supuesto trato de favor recibido por el hermano del jefe del Ejecutivo.
La polémica ha abierto también un debate mucho más amplio sobre la desigualdad de trato entre los ciudadanos corrientes y determinados cargos vinculados al poder político. En cualquier empresa privada o incluso en la mayoría de administraciones públicas, la ausencia reiterada al trabajo suele derivar en expedientes disciplinarios, sanciones e incluso despidos. Muchos trabajadores se preguntan ahora cuánto tiempo habría mantenido su empleo cualquier empleado medio sin acudir regularmente a su puesto mientras continuaba cobrando un salario público.
Esa comparación se ha convertido en uno de los argumentos más repetidos por quienes critican el caso. Sindicatos, funcionarios y ciudadanos anónimos han mostrado su indignación ante la idea de que una persona pudiera mantener durante años un cargo bien remunerado sin someterse a controles horarios claros o a una supervisión efectiva de sus funciones.
La causa judicial investiga además si la Diputación de Badajoz creó una estructura administrativa destinada específicamente a beneficiar a David Sánchez cuando este atravesaba una situación profesional inestable. La magistrada instructora considera que distintos responsables políticos y técnicos participaron en el proceso para dotar de apariencia legal a una contratación presuntamente decidida de antemano.
El juicio, que se prolongará durante varios días, contará todavía con las declaraciones de numerosos testigos y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
