El juez Juan Carlos Peinado ha decidido remitir a la Fiscalía Europea la pieza separada que investigaba las presuntas irregularidades en un contrato financiado con fondos de la Unión Europea y adjudicado a una unión temporal de empresas en la que participaba el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid determinara que el magistrado no debía continuar al frente de esa parte concreta del procedimiento.
Con esta resolución, el instructor da cumplimiento al criterio fijado por la Audiencia Provincial, que consideró que la investigación relacionada con fondos europeos debía quedar fuera de su competencia y ser conocida por la Fiscalía Europea.
En el auto, el magistrado acuerda remitir toda la documentación reunida durante la instrucción al organismo europeo competente y ordena el archivo de las actuaciones en el juzgado, al entender que ya no le corresponde seguir investigando esos hechos.
El empresario Juan Carlos Barrabés
La pieza separada analizaba la adjudicación de un contrato gestionado por la entidad pública Red.es y financiado con recursos procedentes de la Unión Europea. La licitación fue concedida a una unión temporal de empresas integrada por Innova Next, sociedad vinculada a Juan Carlos Barrabés, y la consultora KPMG. La investigación trataba de esclarecer si durante el procedimiento de adjudicación pudieron producirse irregularidades que afectaran a la valoración de las ofertas presentadas por las empresas participantes en el concurso público.
Uno de los principales elementos analizados por los investigadores procede de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que examinó la documentación generada durante el proceso de evaluación de las propuestas.
El empresario Juan Carlos Barrabés
Según ese informe, los evaluadores habrían omitido una circunstancia relevante relacionada con la documentación presentada por la unión temporal adjudicataria. En concreto, los agentes sostienen que uno de los requisitos previstos en los pliegos de la licitación no figuraba entre los documentos aportados.
La UCO señala que la ausencia del denominado "Libro Blanco", exigido para la valoración de la oferta, no habría quedado reflejada en los informes finales utilizados durante el procedimiento de adjudicación.
Los investigadores consideran que esa circunstancia pudo impedir que otros licitadores conocieran una posible deficiencia en la documentación presentada por la empresa adjudicataria, extremo que ahora deberá valorar la Fiscalía Europea dentro de sus competencias.
