El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la investigación abierta sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que Hacienda podría ser una de las partes perjudicadas si finalmente se confirman los indicios de fraude tributario y contrabando.
La decisión llega después de que durante el registro del despacho del expresidente, en el marco del caso Plus Ultra, fueran intervenidas joyas valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros. El magistrado entiende que, de acreditarse la existencia de delitos fiscales, podría haberse producido un perjuicio económico para las arcas públicas, lo que justificaría la participación de la Agencia Tributaria en el procedimiento.
En el auto, el juez sostiene que es necesario garantizar desde este momento el derecho de Hacienda a intervenir en la causa y ejercer las acciones penales y civiles que considere oportunas. Al mismo tiempo, rechaza la petición de una de las empresas investigadas para personarse en esta pieza separada al entender que no guarda relación directa con los hechos que se investigan.
La investigación se centra en el origen de las joyas
La pieza separada fue abierta después de que una tasación realizada por la joyería Ansorena valorara las piezas en más de 1,3 millones de euros y el juzgado detectara la ausencia de documentación que acreditara su adquisición o importación.
El magistrado investiga si pudo producirse un fraude tributario relacionado con impuestos como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales. Además, tampoco descarta un posible delito de contrabando ante la falta de facturas, documentos aduaneros o justificantes de importación de las joyas.
El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sostenido que las piezas proceden de una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de regalos recibidos durante viajes oficiales. Sin embargo, durante su declaración judicial el expresidente optó por no responder sobre este asunto y solicitó un plazo de entre siete y diez días para aportar explicaciones y la documentación correspondiente.
