El auto, firmado por el magistrado Ismael Moreno, sostiene que no se justifica la insistencia en reclamar dispositivos ya requisados legalmente
El juez del caso Koldo ha vuelto a denegar la devolución de los móviles incautados a Koldo García y sus allegados tras el registro.
El auto, firmado por el magistrado Ismael Moreno, sostiene que no se justifica la insistencia en reclamar dispositivos ya requisados legalmente. Koldo García, exasesor de Ábalos, junto a su hermano Joseba y su exmujer Patricia Uriz, pidieron que se les devolvieran sus móviles.
El juez recuerda que se han dictado resoluciones anteriores, incluso avaladas por el Tribunal Supremo, rechazando dicha devolución. Según el magistrado, “no se entiende esta reiteración de formular peticiones ya resueltas por este juzgado y por instancias superiores”. El auto publicado por Europa Press indica que la defensa de Koldo ha solicitado en varias ocasiones recuperar teléfonos y dispositivos electrónicos requisados en su casa.
El juez reitera que existe una gran cantidad de soportes incautados y que aún no han podido copiarse de forma íntegra y segura. Moreno insiste en que no se puede devolver ningún material sin haber verificado antes la autenticidad e integridad de los datos contenidos.
Afirma que devolver los móviles antes de ese análisis comprometería la objetividad de una investigación judicial aún en curso.
El juez señala que tener solo una parte de la información atentaría contra la imparcialidad del proceso penal que está en marcha. Por eso, niega que pueda entregarse ningún dispositivo mientras no finalice el estudio completo de la documentación incautada.
El auto también se refiere a la queja de Koldo por la filtración de supuestos mensajes personales emitidos desde su teléfono móvil. García denunció que esos mensajes derivaron en informaciones sobre presunta violencia de género, emitidas en televisión nacional.
Pero el juez niega que eso justifique la entrega de los terminales, al tratarse de hechos ajenos al control judicial del procedimiento. Moreno subraya que “la tergiversación pública de mensajes íntimos no puede ser argumento para modificar la decisión judicial”.
Añade que “la publicación de actuaciones judiciales o su interpretación por terceros no es competencia del juzgado instructor”.
Además, resalta que el proceso es complejo, que implica múltiples partes y que eso dificulta controlar por completo las filtraciones.
El juez recuerda que hay muchas personas con acceso a las actuaciones, lo que imposibilita evitar totalmente su difusión a la prensa. Por todo ello, el auto reitera que no se procederá a la devolución de ningún dispositivo hasta que concluya el análisis de pruebas.
El juez mantiene su postura firme: sin revisar completamente los datos, no se puede comprometer la legalidad de la investigación.
