El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha solicitado a Presidencia del Gobierno información detallada sobre los asesores y trabajadores de Moncloa. La petición se centra en esclarecer si estos recursos públicos fueron utilizados para labores personales relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en la gestión de una cátedra universitaria.
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del caso, busca determinar el alcance de las funciones realizadas por Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. Álvarez está implicada en gestiones relacionadas con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Documentos del sumario revelan que Álvarez utilizó su correo oficial para contactar con personal de la UCM y gestionar asuntos relacionados con la cátedra. Entre los correos destaca una comunicación con Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación de Reale Seguros. En ese mensaje, la asesora trasladó la intención de Gómez de mantener la colaboración con dicha empresa para financiar la cátedra, incluso con aportaciones menores.
El juez ha solicitado también documentación a la UCM para analizar los trámites realizados en favor de la cátedra. Así como los registros relacionados con esta. La diligencia incluye requerimientos a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.
Cristina Álvarez ha sido citada a declarar como testigo el próximo 20 de diciembre. Su testimonio será clave para esclarecer si sus gestiones formaban parte de sus responsabilidades oficiales o si, por el contrario, excedían su rol en Moncloa.
