El Poder Judicial maniobra contra el juez Peinado tras una queja de Bolaños
La queja de Bolaños activa al Poder Judicial contra Peinado
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Una queja presentada antes del verano por el ministro de Presidencia tras la declaración
Compartir:
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias contra el juez Juan Carlos Peinado. La decisión llega tras una queja del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por el interrogatorio al que fue sometido en abril.
El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, investiga al magistrado. La denuncia se presentó después de la declaración de Bolaños en la Moncloa, en el marco de las pesquisas sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Bolaños ha defendido la legalidad del contrato
La tensión marcó aquel interrogatorio. Peinado acusó al ministro de responder con evasivas. Incluso le reprochó una sonrisa durante la comparecencia.
Tras la declaración, el juez elevó una exposición al Supremo en la que pedía investigar a Bolaños por falso testimonio y malversación. El alto tribunal archivó la petición y criticó la falta de pruebas.
A pesar de ese revés, Peinado siguió adelante. Ahora ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora por malversación. Ambas deberán declarar en septiembre.
El movimiento del CGPJ se interpreta como una presión directa sobre el magistrado. Una forma de frenar sus pasos en un proceso incómodo para el Gobierno.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al ministro
Esta es la condena a la que podría enfrentarse Begoña Gómez tras su nueva imputación
La tercera visita de Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla se ha convertido en un nuevo episodio judicial de alto impacto político.
La esposa del presidente del Gobierno tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado para responder por las acusaciones.
En su anterior declaración, Gómez negó que su contratación en el Instituto de Empresa (IE) se debiera a su condición de esposa del presidente.
Contestó únicamente a las preguntas de su abogado y rechazó cualquier implicación en los delitos que se le atribuyen. Sin embargo, el proceso continúa y la sombra de una condena empieza a proyectarse con fuerza.
La imputación actual se centra en posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De confirmarse estas acusaciones, la condena podría ser severa y conllevar varios años de prisión.
Los investigadores sostienen que Gómez habría utilizado su posición para abrir puertas en contratos y convenios que beneficiaron a terceros.
Aunque la defensa insiste en que no existe prueba sólida, las pesquisas siguen avanzando y cada testimonio añade presión sobre la imputada.
Gómez ya no solo está ligada al ámbito político, sino también a un entramado judicial que amenaza con desgastar a todo el Ejecutivo.
El despliegue de seguridad cada vez que acude a Plaza Castilla también refleja la magnitud mediática del caso. La expectación entre periodistas, curiosos y críticos políticos convierte cada visita en un auténtico acontecimiento nacional.
