Jucil critica el uso de una patrullera como solución temporal contra el narco
La patrullera Río Ulla ha sido trasladada desde Cádiz a Sevilla para reforzar el control del narcotráfico en el río Guadalquivir.
porRafael Alejandro Escalona
politica
Este movimiento ha generado una fuerte polémica dentro de la Guardia Civil, especialmente por las críticas del sindicato mayoritario Jucil
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La patrullera Río Ulla ha sido trasladada desde Cádiz a Sevilla para reforzar el control del narcotráfico en el río Guadalquivir. Este movimiento ha generado una fuerte polémica dentro de la Guardia Civil, especialmente por las críticas del sindicato mayoritario Jucil.
La embarcación, antes destinada a la formación en Cádiz, ahora atraca en el puerto sevillano como refuerzo a la vigilancia fluvial. Jucil considera que esta medida es un “parche improvisado” sin estrategia clara y que debilita la lucha antidroga en otras zonas críticas.
Según el sindicato, retirar medios de Cádiz para reforzar Sevilla “es desvestir un santo para vestir otro”, sin resolver el problema real. El Guadalquivir ha ganado protagonismo en los últimos años como ruta clave para el tráfico de hachís y cocaína hacia el interior.
Los clanes evitan ahora el Estrecho por la presión policial y utilizan los 160 km navegables del río hasta las puertas de Sevilla. Pueblos como Coria del Río o La Puebla del Río ven narcolanchas navegar a plena luz del día sin apenas respuesta policial.
La orografía del Guadalquivir facilita el narcotráfico: marismas, canales y ramales dificultan las operaciones contra las mafias. La ausencia de vigilancia permanente y de embarcaciones modernas convierte el río en “una autopista de la droga”, según Jucil.
En 2023, las incautaciones de cocaína en Sevilla crecieron un 97%, alcanzando las 30 toneladas, según datos policiales. Pese al aumento del tráfico de droga, los medios destinados a la provincia siguen siendo muy inferiores a los de Cádiz o Málaga.
Jucil alerta que Sevilla corre el riesgo de convertirse en un nuevo centro logístico del narcotráfico si no se actúa ya. La organización exige un servicio fluvial permanente, con base fija en Sevilla, patrulleras adecuadas y personal capacitado.
La embarcación, antes destinada a la formación en Cádiz, ahora atraca en el puerto sevillano como refuerzo a la vigilancia fluvial
No basta con mover recursos: se necesita una inversión seria en flota, tecnología, formación y refuerzo de efectivos humanos. El actual modelo no da más de sí, y las narcolanchas modernas superan en velocidad y maniobrabilidad a las patrulleras viejas.
El cierre en 2022 del grupo OCON-Sur, clave en la lucha contra el narco en Andalucía, ha agravado el problema, según Jucil. Desde la disolución del OCON-Sur, los clanes han reactivado rutas en zonas menos vigiladas, como el Guadalquivir o el Guadiana.
A la falta de medios se suma la legislación insuficiente: actividades como el “petaqueo” aún no están penadas como delitos. El petaqueo consiste en abastecer de combustible a las narcolanchas, vital para su operación, pero solo es falta administrativa.
Jucil pide al Congreso que apruebe de forma urgente la reforma legal para tipificar el petaqueo como delito penal. La permisividad legal y la falta de medios favorecen que los narcos actúen con más impunidad y violencia que nunca.
Cada vez son más los alijos donde aparecen armas automáticas, como fusiles de asalto, en manos de los delincuentes. La violencia de los clanes, alerta Jucil, pone en grave peligro a los agentes y a los vecinos de las zonas afectadas.
