El Frente Amplio reclama la dimisión del ministro de Transportes mientras el PSOE intenta cerrar filas para evitar que la crisis ferroviaria termine pasando factura al Gobierno
La crisis ferroviaria de Urda ha abierto una nueva brecha dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que inicialmente parecía una ofensiva de la oposición contra Óscar Puente se ha convertido también en un problema para el propio bloque de izquierdas.
Los socios del PSOE han comenzado a exigir responsabilidades políticas y algunos ya reclaman abiertamente la salida del ministro de Transportes.
La situación resulta especialmente delicada para Moncloa a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La tragedia ferroviaria, que ha dejado 69 fallecidos, ha alterado por completo la precampaña y ha colocado al Ejecutivo ante una crisis que amenaza con condicionar su discurso electoral.
Este domingo, Verónica Barbero, coordinadora de Movimiento Sumar y candidata del Frente Amplio, volvió a reclamar la dimisión de Puente.
Durante unas declaraciones en Vigo, insistió en que el ministro debe abandonar su cargo porque alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas derivadas del accidente.
«Tiene que acabar dimitiendo porque esta responsabilidad política alguien la tiene que asumir», afirmó Barbero. Sus palabras evidencian que el malestar dentro del espacio político que comparte Gobierno con los socialistas continúa creciendo.
La exigencia se suma a la realizada por Ada Colau, candidata del Frente Amplio, quien ya había trasladado formalmente a Moncloa su petición de destitución.
La exalcaldesa de Barcelona considera imprescindible una respuesta política para recuperar la confianza ciudadana en el sistema ferroviario.
La posición del Frente Amplio supone un importante quebradero de cabeza para Sánchez. El presidente mantiene su respaldo al ministro, pese a que las críticas ya no proceden exclusivamente de los partidos de la oposición.
ERC y PNV también han reclamado explicaciones y responsabilidades políticas tras el accidente. Estas formaciones, fundamentales para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo, han elevado la presión sobre Transportes en un momento especialmente complicado.
El contraste resulta evidente: mientras los aliados izquierdistas reclaman consecuencias, Moncloa mantiene su confianza en Puente.
El ministro, por su parte, ha descartado abandonar el cargo y defiende que su manera de asumir responsabilidades consiste en dar explicaciones y afrontar la gestión de la crisis.
La división también se aprecia dentro del PSOE. El partido en Aragón ha cerrado filas con el titular de Transportes y ha defendido que no es momento de señalar responsables.
Sin embargo, sus propios dirigentes reconocen que la tragedia complica seriamente la campaña electoral.
El accidente de Urda llega después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, ocurrida en enero, que dejó otras 46 víctimas mortales.
La sucesión de ambos siniestros ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras y la seguridad de la alta velocidad española.
La oposición exige responsabilidades al Gobierno y reclama explicaciones sobre las decisiones adoptadas por Transportes y Adif. Mientras tanto, la investigación técnica deberá determinar las causas concretas del accidente sin anticipar conclusiones.
El próximo martes 3 de noviembre, Puente comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia.
La comparecencia será una prueba política de primer orden para el ministro y para el propio Sánchez. El presidente tendrá que gestionar el malestar de sus aliados mientras intenta evitar que la crisis ferroviaria se convierta en el principal lastre de su candidatura.
La pregunta que sobrevuela Moncloa es cada vez más incómoda: ¿cuánto tiempo podrá mantener Sánchez a Puente mientras sus propios socios exigen su dimisión?
