Un informe remitido al juez Pedraz señala a Leonardo Marcos y Manuel Llamas por supuestas presiones para condicionar las investigaciones sobre David Sánchez y otras causas vinculadas al PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha la actuación de varios altos mandos del Instituto Armado por presuntas interferencias en las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Según publica La Razón, los agentes han trasladado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron instrucciones para acelerar las pesquisas sobre el hermano del presidente del Gobierno y dar por descartadas posibles irregularidades.
Las revelaciones afectan especialmente al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, cuyos nombres aparecen vinculados a reuniones en las que se habría intentado condicionar el trabajo de los investigadores.
Uno de los episodios más relevantes se produjo el 12 de julio, cuando Marcos convocó a varios responsables policiales después de conocer una información periodística sobre la intervención de correos electrónicos en la Diputación de Badajoz.
Durante aquel encuentro, el entonces director general habría cuestionado la actuación de los agentes y exigido que el informe estuviera terminado en pocos días. Según el oficio de la UCO, la conclusión debía ser "que no había nada", pese a que todavía se estaban examinando las comunicaciones.
La documentación intervenida terminó siendo relevante en el procedimiento judicial sobre la contratación de David Sánchez. Entre los mensajes analizados figuraban conversaciones sobre la creación de una plaza en los conservatorios de Badajoz, incluida una referencia al "hermanísimo" antes de que concluyera el proceso de selección.
Presiones para apartar a los agentes de las causas del PSOE
Las sospechas se extienden a una segunda reunión celebrada el 16 de julio. En ella, Llamas habría transmitido nuevas indicaciones para concluir rápidamente las diligencias relacionadas con el hermano del presidente.
Además, según el relato de los investigadores, el DAO pidió que la UCO evitara asumir el protagonismo en procedimientos de especial repercusión política, como el caso Koldo, la investigación sobre Begoña Gómez y las actuaciones relacionadas con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Llamas habría llegado a manifestar que la Guardia Civil estaba siendo utilizada como "ariete contra el Gobierno".
Sin embargo, el director adjunto operativo ha rechazado estas acusaciones. Durante su declaración judicial negó haber promovido una persecución contra los investigadores y atribuyó la apertura de informaciones reservadas a decisiones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora si estas actuaciones pudieron formar parte de una presunta estrategia para obstaculizar causas judiciales relacionadas con el PSOE. El procedimiento también examina los contactos de Mercedes González con Leire Díez y las denuncias de presunto hostigamiento contra la jueza Beatriz Biedma.
