Serafín Giraldo ha criticado la demora para el registro y asegura que se perdió "el factor sorpresa"
El registro en la vivienda del exministro José Luis Ábalos sigue generando reacciones dentro y fuera de los cuerpos de seguridad. La operación, autorizada por el Tribunal Supremo, se llevó a cabo este lunes en su domicilio de Valencia, con una duración prevista de 36 horas.
Según el propio Ábalos, lo único que hicieron fue clonar su teléfono móvil.
La entrada, realizada por la UCO de la Guardia Civil, se extendió durante todo el día y terminó pasadas las cinco de la tarde. Los agentes se llevaron dispositivos electrónicos, documentos, el contenido del teléfono móvil y varias cajas con material considerado relevante. El registro forma parte de una pieza separada bajo secreto judicial, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente.
Pero no todos los expertos ven con buenos ojos el modo en que se ha ejecutado. El inspector de Policía Nacional Serafín Giraldo ha expresado dudas sobre el momento elegido. En declaraciones en el programa Espejo Público, Giraldo aseguró:
“Me llama muchísimo la atención que el registro se produzca meses después de iniciada la investigación”.
El inspector fue claro: este desfase temporal reduce el impacto de la operación.
“Se ha perdido mucho el efecto sorpresa y el efecto eficacia”, afirmó. A su juicio, un registro con tanta antelación pública puede comprometer la obtención de pruebas clave.
Aun así, Giraldo recordó que la actuación se hizo con plena autorización judicial. Definió la intervención como “nada agradable para nadie”, ni para los agentes ni para el afectado. Eso sí, matizó que el objetivo era recopilar documentos, no intervenir sustancias ilegales.
“El daño es muchísimo menor”, explicó.
También quitó hierro a la intervención sobre el teléfono móvil de Ábalos. Dijo que la clonación de dispositivos es una práctica habitual.
“Se suele hacer a todo el mundo. Permite acceder a la información sin quitarles físicamente el terminal”, añadió.
La investigación continúa bajo secreto y apunta a supuestas mordidas ligadas a contrataciones públicas durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes. Mientras tanto, la crítica interna por la gestión del caso empieza a aflorar dentro de las propias fuerzas de seguridad.
Los lazos entre Koldo García y el empresario José Ruz no se rompieron con la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes. Al contrario. Según la declaración del constructor ante el Tribunal Supremo, la relación se mantuvo activa y con favores incluidos.
Ruz es dueño de Levantina, una empresa señalada por la UCO en la investigación del “caso Koldo”. En su testimonio, admitió haber ayudado a García incluso después de que este perdiera su cargo como asesor de Ábalos.
“Koldo se sintió repudiado por mucha gente y a mí me había intentado ayudar”, afirmó. Por eso, según dijo, no tuvo reparos en colaborar con él.
Uno de esos favores fue intentar colocar un negocio de códigos QR. Otro, ejercer como intermediario en la venta de un depósito fiscal en Murcia.
"Me pidió ayuda para hacer de corredor", confesó Ruz. También dijo que el favor era para un amigo de Koldo.
