La huelga de jueces y fiscales alcanza un 70% de seguimiento en su segundo día

Las asociaciones de jueces y fiscales cifraron en un 70 % el seguimiento de la huelga durante su segunda jornada hasta las 12:00 del martes. El paro, convocado para los días 1, 2 y 3 de julio, busca frenar las reformas del Gobierno en el acceso a la judicatura y la Fiscalía.

Según los convocantes, las modificaciones impulsadas desde Justicia vulneran la independencia judicial y el Estado de Derecho. Las asociaciones señalan que los datos se basan en correos electrónicos confidenciales enviados por compañeros que se sumaron.

En el comunicado conjunto participaron APM, AJFV, FJI, AF y APIF, excluyendo a JJpD y la Unión Progresista de Fiscales. Destacaron que la cifra tiene carácter provisional, ya que no se cuenta con listas oficiales debido al formato de adhesión.

Subrayaron que el Ministerio de Justicia no ha tomado medida alguna para evitar la huelga ni ha respondido a sus demandas. A pesar de la protesta, aseguran que los servicios mínimos garantizan la atención urgente e inaplazable a la ciudadanía.

En la primera jornada, las asociaciones estimaron un seguimiento del 75 %, aunque el Ministerio lo rebajó al 28 %. Félix Bolaños, ministro de Justicia, sostiene que las reformas son imprescindibles para modernizar la administración.

Entre los cambios propuestos está el nuevo sistema de acceso por concurso de méritos y un centro público de formación. Los jueces y fiscales critican que eso abre la puerta a la politización y pone en riesgo la objetividad de los procesos.

También denuncian que se fortalece el poder del fiscal general sin suficientes mecanismos de control independiente. Desde el Ministerio aseguran que estas reformas responden a recomendaciones europeas y objetivos de eficiencia.

Durante las protestas, hubo concentraciones frente a sedes judiciales en ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia. Los convocantes reiteraron que no buscan dañar al ciudadano, sino proteger la separación de poderes en el país.

El CGPJ se declaró incompetente para aplicar descuentos salariales y considera que la huelga no tiene base legal. Por ello, el Ministerio solicitó datos oficiales de ausencias, sin recibir respuesta ni de jueces ni del fiscal general.

Bolaños declaró que, al no tener listados oficiales, no se puede aplicar ninguna deducción en las nóminas. Esto recuerda a la huelga de 2018, donde intentaron descontar sueldos y la Justicia anuló la medida por falta de pruebas.

Los convocantes acusan al Gobierno de manipular las cifras para restar legitimidad a la protesta del sector judicial.