El hermano de Ximo Puig acorralado: el juez lo cita por la trama de facturas falsas
El entorno más cercano de Ximo Puig se encuentra en entredicho
porGonzalo Pinilla
politica
Esto ocurre en el marco del juicio oral contra Francis, el hermano mediano
El entorno más cercano de Ximo Puig se encuentra en entredicho. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que Jordi, el hermano menor del expresidente valenciano, comparezca como testigo. Esto en el marco del juicio oral contra Francis, el hermano mediano, quien está entre la espada y la pared tras solicitar para él una condena de 4 años de prisión.
Los hermanos están siendo señalados, supuestamente, por la red dedicada a la obtención fraudulenta de ayudas públicas, justificadas mediante facturas falsas. Así consta en el escrito de la fiscal Adoración Cano.
El expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, no forma parte del proceso judicial iniciado contra su hermano Francis. Sin embargo, fue durante su presidencia cuando el Gobierno valenciano otorgó las ayudas destinadas a la supuesta promoción del valenciano. Por lo tanto, las críticas hacia él serían de carácter político y ético.
Los hermanos están siendo señalados
En el proceso judicial están implicados los hermanos de Ximo Puig, Francis y Jordi. Francis enfrenta cargos junto a su socio Juan Enrique Adell. Mientras, Jordi aparece mencionado en esta etapa, cuando el caso avanza hacia el procedimiento abreviado y se establece la fecha para el juicio oral.
En el proceso judicial están implicados los hermanos de Ximo Puig
Cuatro años para Francis
La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de cuatro años para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El Ministerio Público le acusa de un presunto delito de fraude en subvenciones relacionado con el conocido como "caso del clan de las productoras". También pide tres años de cárcel para su socio empresarial, Juan Adell Bover.
Ambos están siendo investigados por haber recibido ayudas públicas de manera irregular por parte de varias administraciones. Entre ellas, figuran la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña.
Según el escrito de la acusación, las subvenciones fueron otorgadas a productoras audiovisuales vinculadas a ambos empresarios. Estas empresas habrían simulado actividad económica o inflado gastos para justificar las ayudas públicas.
El Ministerio Público considera que los acusados se beneficiaron de subvenciones por un importe que no se corresponde con los gastos reales ni con el objeto declarado de las ayudas. La Fiscalía señala que el procedimiento habría sido sistemático, repetido durante varios años y con el objetivo de obtener fondos públicos de forma indebida.
