
El duro golpe a las redes de tráfico de personas en Reino Unido
La medida llega en medio de una creciente presión política para frenar el aumento récord de llegadas de pateras desde el norte de Francia
El Reino Unido ha sancionado por primera vez a proveedores y bandas acusadas de facilitar la inmigración ilegal por el Canal de la Mancha. La medida llega en medio de una creciente presión política para frenar el aumento récord de llegadas de pateras desde el norte de Francia.
Según Exteriores, las sanciones incluyen congelación de activos y prohibiciones de viaje para individuos y entidades implicadas. Las acciones se dirigen a quienes impulsan la inmigración irregular hacia suelo británico desde distintas partes del mundo.
Entre los sancionados figura un proveedor chino de embarcaciones usadas en los cruces marítimos ilegales hacia Inglaterra. También han sido incluidos operadores de sistemas de envío de dinero como los ‘hawala’ en Medio Oriente y África del Norte.
Líderes de redes criminales con base en los Balcanes y el norte de África figuran entre los señalados por el Reino Unido.
David Lammy, ministro de Exteriores, calificó el anuncio como un “momento histórico” en la lucha contra estas redes criminales. “Desde Europa hasta Asia, combatimos a quienes lucran con vidas humanas vulnerables”, declaró Lammy en rueda de prensa.
El mensaje del gobierno británico a estas bandas es claro: “Sabemos quiénes sois y os haremos rendir cuentas en todo el mundo”. En total, se sancionó a 20 personas, 4 grupos criminales y una empresa vinculada con la logística de estos viajes irregulares.
Estas sanciones forman parte del plan del gobierno laborista para frenar los cruces ilegales desde la costa francesa.
Keir Starmer llegó al poder prometiendo acabar con las mafias que operan en el Canal de la Mancha. Sin embargo, el número de llegadas en embarcaciones precarias no ha dejado de aumentar durante el último año.

La dificultad del gobierno para reducir las cifras ha generado tensiones internas y un debate político constante.
Sectores conservadores acusan a Starmer de actuar con tibieza y exigen medidas más duras para proteger las fronteras. Algunos analistas advierten que el fenómeno está alimentando el discurso de la extrema derecha en Reino Unido.
El Ejecutivo ha respondido reforzando su cooperación internacional y lanzando este paquete de sanciones específicas.
La mayoría de los sancionados se encuentran fuera del territorio británico, lo que requerirá acciones conjuntas con aliados. Londres ha insistido en que la solución pasa por atacar las finanzas y estructuras logísticas de las redes de tráfico.
El Ministerio del Interior informó que más de 13.000 personas han cruzado el canal de forma irregular en lo que va del año.
Reino Unido considera que estas redes actúan como mafias globales que deben ser neutralizadas con acciones coordinadas.
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