Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora tres correos electrónicos enviados por David Sánchez a una cuenta oficial vinculada a Begoña Gómez el 28 de enero de 2019. Los mensajes, remitidos en menos de siete horas, tenían como asunto una carta de recomendación.
La existencia de estas comunicaciones salió a la luz este lunes durante la exposición de los informes finales del juicio oral sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Fue el presidente de Iustitia Europa quien hizo referencia al contenido del documento elaborado por la Guardia Civil. Así lo confirma ABC.
Según la información difundida por el medio mencionado, los emails fueron enviados desde la cuenta corporativa que David Sánchez utilizaba en la Diputación pacense hacia un buzón institucional asociado a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirección electrónica empleada pertenece al dominio «presidencia.gob.es», reservado a los servicios de apoyo vinculados a Presidencia.
Las capturas de esos correos, sin embargo, no proceden directamente de la investigación sobre el hermano del jefe del Ejecutivo. Forman parte de otra causa distinta que instruye el magistrado Santiago Pedraz, centrada en las conocidas como “cloacas” del PSOE.
Ser hermano de quien es
La acusación popular ejercida por Manos Limpias ha defendido ante la Audiencia Provincial de Badajoz que el puesto de coordinador de conservatorios ocupado por David Sánchez no respondía a una necesidad real de la administración. Durante la última sesión del juicio, el letrado sostuvo que la plaza fue diseñada expresamente para el hermano del presidente del Gobierno y que su vínculo familiar fue el factor determinante para acceder al cargo.
En su intervención, el abogado llegó a calificar de “simulacro” el proceso de selección y cuestionó incluso que el acusado realizara una entrevista en condiciones normales. Según expuso, tras ser contratado disfrutó de privilegios impropios de un empleado público, como no acudir regularmente al puesto, no registrar asistencia ni entregar informes de actividad. Para la acusación, estos hechos evidencian un funcionamiento arbitrario dentro de la institución provincial y una gestión alejada del interés de los ciudadanos.
