Hazte Oír recurrirá al Supremo la regularización de inmigrantes del PSOE y Podemos

Hazte Oír ha anunciado que, en cuanto la nueva regularización sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, solicitando todas las medidas necesarias para impedir su aplicación inmediata.

A juicio de la organización, la regularización proyectada persigue una finalidad claramente electoralista, al pretender alterar por vía administrativa y de forma acelerada la composición del cuerpo social con capacidad de influir en los procesos electorales. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, se trataría de una actuación orientada a modificar el equilibrio del electorado, lo que vulneraría los principios de neutralidad institucional, interdicción de la arbitrariedad y sometimiento pleno a la ley.

Hazte Oír considera que el PSOE pretende convertir una decisión de enorme trascendencia política y social en un instrumento de ventaja partidista, lo que, en la práctica, supondría una “compra de voluntades” mediante el uso del poder reglamentario y de la acción administrativa. “No estamos ante una política pública ordinaria, sino ante un intento de condicionar el escenario electoral mediante una regularización masiva y oportunista”, señalan fuentes de la organización.

La entidad subraya que una medida de este alcance exige una justificación reforzada, una motivación rigurosa y un respeto estricto a los principios constitucionales. Por ello, acudirá al Tribunal Supremo al existir un evidente interés público en evitar que una actuación presuntamente arbitraria produzca efectos irreversibles durante la tramitación del procedimiento.

Hazte Oír recuerda que, conforme a los plazos legales, el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse en el plazo de dos meses desde la publicación en el BOE y que la impugnación se presentará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, atendiendo a la naturaleza de la disposición y del órgano que la apruebe.

Finalmente, la organización insiste en que “las instituciones no pueden utilizarse para fabricar mayorías electorales ni para manipular la composición del electorado. Si el Gobierno cruza esa línea, habrá una respuesta jurídica inmediata”.