Una familia de Cardedeu ha presentado una denuncia por delito de odio contra el Hospital General de Granollers. Todo tras un episodio ocurrido el pasado mes de agosto. El caso ha puesto el foco de nuevo en el uso del catalán en los servicios públicos esenciales.
El incidente tuvo lugar el 18 de agosto de 2025. Era la fiesta mayor de Cardedeu. La joven afectada sufrió una posible agresión química y acudió a urgencias acompañada de su padre.
Ambos se dirigieron a la doctora en catalán, la lengua en la que se expresan habitualmente.
Según los denunciantes, la médica interrumpió la conversación de forma brusca. La profesional supuestamente afirmó: "Si no me habla en español, no la atenderé" y "no le comprendo, soy peruana". La familia sostiene que la doctora se negó a ofrecer asistencia en la lengua oficial de la paciente en Cataluña.
La situación generó un momento de tensión y vulnerabilidad. Según el relato familiar, la joven necesitaba atención inmediata.
Aun así, no la recibió hasta que la familia cambió al castellano para poder continuar el diálogo. De lo contrario, aseguran, no habrían obtenido el informe médico necesario para formalizar la denuncia.
La familia está representada por la entidad Acció Cassandra, especializada en casos de defensa de derechos lingüísticos. La organización considera que el episodio constituye un acto vejatorio y humillante. Señala que la negativa a atender en catalán durante una emergencia es una vulneración grave de los derechos fundamentales.
La denuncia se ha presentado en el juzgado de Granollers. La acusación sostiene que la actuación de la doctora podría encajar en un delito de odio. También apuntan a una posible responsabilidad penal corporativa del hospital si se demuestra que existe desprotección sistemática del uso del catalán en el centro sanitario.
Acció Cassandra reclama una investigación exhaustiva. Insiste en que el caso debe marcar un precedente para proteger la dignidad lingüística de los ciudadanos que optan por el catalán. Subrayan que el respeto a la lengua de los pacientes es un componente esencial de la atención sanitaria de calidad.
Diversos colectivos han mostrado su preocupación por casos similares. Afirman que la discriminación lingüística persiste en la sanidad catalana. Las denuncias se concentran especialmente en hospitales y centros de salud, aunque muchas acaban archivadas.
La familia y las asociaciones implicadas recuerdan que los profesionales sanitarios deben cumplir con los derechos lingüísticos reconocidos en la legislación catalana y estatal.
El caso buscará abrir nuevas vías legales para reforzar la protección de los usuarios que eligen expresarse en catalán. La decisión judicial será seguida con atención por entidades, pacientes y juristas que reclaman un blindaje efectivo de los derechos lingüísticos en Cataluña.
