Si hay algo que ha dejado claro la primera Junta de portavoces de esta nueva Legislatura en el Parlamento de Andalucía, celebrada este miércoles, es que la tranquilidad se le ha acabado al PP de Juanma Moreno, no solo porque ha perdido esa cómoda mayoría absoluta con la que gobernó los cuatro últimos años la región, sino porque, como nuevamente se escenificó ayer, el PSOE de Montero ha traído hasta Andalucía la política del fango y el ruido, mientras que los grupos de extrema izquierda, Adelante y Por Andalucía, siguen abonados al ruido.
La primera de las batallas se libró ayer, cuando ni siquiera han comenzado aún los plenos. El escenario fue la citada Junta de portavoces en la que, entre otros asuntos, se decidía la fecha del Pleno de investidura, pero también el reparto de las dependencias que utilizará cada formación a partir de ahora y hasta 2029 y el reparto de los fondos que cada grupo parlamentario tendrá para su funcionamiento. Y estos dos últimos puntos fueron los de la discordia.
En concreto, hablamos de más de 2.300 metros cuadrados disponibles que se deben repartir entre las cinco fuerzas con presencia en el Parlamento en esta XIII Legislatura y 12.968.179 euros. Para ello, no hay unos criterios fijos establecidos, sino que estos van cambiando cada mandato.
Así, y a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, en esta ocasión se ha fijado un reparto proporcional en función del número de diputados obtenido por cada partido en las últimas elecciones autonómicas. Y aquí está el problema, ya que el PSOE y Por Andalucía son los principales perjudicados.
En este sentido, la portavoz socialista, María Márquez, que ha denunciado la falta de “debate”, dejó constancia del “malestar” de su partido por cómo se está gestionando este asunto.
Por su parte, el líder de la coalición de izquierda, Antonio Maillo, justo un día antes, durante la comparecencia ante los medios tras la reunión con el presidente del Parlamento en la ronda de contactos previa al debate de investidura, ya denunció que la propuesta de reparto de estancias y de fondos que se manejaba convertía a su grupo en el “grupo peor tratado o más maltratado de la historia de la autonomía de Andalucía”.
