Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporan una serie de agendas y comunicaciones que, según los investigadores, documentan la actividad desarrollada por José Luis Rodríguez Zapatero entre comienzos de 2024 y mayo de 2026. Así lo confirma El Confidencial, que ha tenido acceso a los documentos. Ese material fue localizado durante el registro de su despacho, situado en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid, junto con las conversaciones que mantenía por mensajería instantánea con su secretaria, Gertrudis Alcázar.
El contenido de esa documentación abarca desde el 1 de enero de 2024 hasta el 18 de mayo de 2026, fecha inmediatamente anterior a la notificación de la Audiencia Nacional por la que el expresidente pasó a ser investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
El contenido de esa documentación abarca desde el 1 de enero de 2024 hasta el 18 de mayo de 2026
Entre las anotaciones examinadas aparecen numerosos contactos con responsables del Gobierno. Los registros consultados por El Confidencial reflejan que Pedro Sánchez y Zapatero coincidieron, al menos, en una decena de ocasiones durante ese periodo. Solo en octubre de 2024 mantuvieron tres reuniones, celebradas los días 9, 15 y 30, en un contexto político especialmente delicado por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la difusión del informe de la UCO que situó a José Luis Ábalos en el foco del denominado caso Koldo.
Entre las anotaciones examinadas aparecen numerosos contactos con responsables del Gobierno
Los investigadores consideran que esas reuniones son relevantes porque coinciden con la actividad profesional que, presuntamente, desarrollaba el expresidente. De acuerdo con la documentación intervenida, Zapatero habría mantenido una intensa interlocución con empresarios a los que cobraba importantes cantidades de dinero por realizar gestiones ante distintos gobiernos, tanto en España como en el extranjero, con el objetivo de favorecer la obtención de contratos públicos, subvenciones o resoluciones beneficiosas. Aunque su cercanía al Ejecutivo era conocida desde hacía años, la Policía sostiene que las agendas aportan ahora un soporte documental para reconstruir el alcance de esas relaciones institucionales.
