Las recientes denuncias presentadas ante la Guardia Civil y la UDEF han vuelto a situar en el centro de la polémica a la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional organizada para apoyar a Gaza y romper el bloqueo marítimo israelí.
La organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha solicitado que se investiguen posibles conexiones entre algunos organizadores de la flotilla y organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos, como Hamás o el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
La denuncia llega además después de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra varias personas relacionadas con la flotilla, algunas de ellas vinculadas a actividades desarrolladas en Europa.
Sospechas sobre financiación y estructura de la flotilla
La asociación pide a las autoridades españolas que analicen el origen de los fondos utilizados para financiar embarcaciones y actividades relacionadas con la flotilla.
Según denuncia ACOM, existirían dudas sobre determinadas operaciones económicas y mercantiles vinculadas a algunos organizadores, así como sobre posibles estructuras utilizadas para mover fondos entre distintos países.
La entidad reclama además que se investigue si desde España se ha podido prestar apoyo logístico, económico o de otro tipo a personas u organizaciones sancionadas internacionalmente.
Los organizadores defienden el carácter humanitario de la iniciativa
Por su parte, los impulsores de la Global Sumud Flotilla defienden que se trata de una misión civil y humanitaria destinada a denunciar la situación en Gaza y trasladar ayuda a la población palestina.
Los organizadores han rechazado reiteradamente las acusaciones sobre supuestos vínculos terroristas y sostienen que existe una campaña para criminalizar el activismo propalestino internacional.
La polémica vuelve a reflejar el creciente choque político, judicial y mediático que rodea en Europa a las movilizaciones relacionadas con Gaza y al debate sobre los límites entre activismo político, apoyo humanitario y posibles conexiones con organizaciones extremistas.
