Golpe a Begoña Gómez: la Complutense exige la devolución de 113.000 euros por el polémico software

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reclamado a Begoña Gómez la devolución de 113.509,32 euros por los costes asociados al desarrollo y adaptación de un software que, según sostiene la institución, fue posteriormente objeto de una presunta apropiación indebida.

De acuerdo con la información publicada por El Español, la cantidad reclamada incluye tanto los recursos empleados por la universidad a través de su personal técnico y administrativo como los pagos efectuados a diversas empresas que participaron en el proyecto. Algunas compañías colaboraron de forma gratuita, entre ellas Google, mientras que otras recibieron una compensación económica por los servicios prestados.

La reclamación fue comunicada a Gómez mediante un escrito remitido el pasado 13 de mayo. No obstante, la cifra ya había sido trasladada previamente al juez Juan Carlos Peinado a comienzos de este año.

El magistrado investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por varios presuntos delitos, entre ellos el de apropiación indebida. En enero, la propia UCM ya había advertido de que reclamaría dicha cantidad como indemnización en caso de que el procedimiento judicial llegara a juicio.

La investigación también analiza el destino posterior del software. Los investigadores examinan su utilización a través de una página web gestionada por una empresa vinculada a Begoña Gómez, desde la que se ofrecía gratuitamente una herramienta destinada a ayudar a pequeñas y medianas empresas a elaborar informes de sostenibilidad y verificar el cumplimiento de determinados criterios medioambientales.

El desarrollo de esta aplicación tecnológica fue posible gracias a la colaboración de varias compañías y a la aportación de recursos propios de la Universidad Complutense, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. Mientras algunas empresas participaron de manera desinteresada, otras percibieron remuneraciones por los trabajos técnicos realizados durante la creación e implementación del proyecto.

Según la documentación remitida al juzgado, la universidad también asumió gastos derivados de la participación de personal técnico y administrativo encargado de adaptar y mantener el sistema. Dentro de la reclamación económica presentada por la UCM, una parte significativa —más de 78.000 euros— corresponde a contratos suscritos con la consultora Deloitte.

La cantidad reclamada fue comunicada al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en enero de este año. El magistrado dirige una investigación en la que se atribuyen a Gómez presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación de fondos públicos.

Posteriormente, en abril, Peinado acordó la apertura de juicio oral mediante el procedimiento del jurado popular. Sin embargo, la decisión definitiva sobre esta medida corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, la Universidad Complutense ratificó en sus conclusiones provisionales su intención de reclamar una compensación económica por los perjuicios patrimoniales que considera haber sufrido como consecuencia de los hechos investigados.