Europa Press La Guardia Civil pone en la mira a la Confederación del Júcar
En un informe de 200 páginas, remitido a la jueza instructora, se detalla la ausencia de control sobre el barranco del Poyo
La Guardia Civil señala fallos graves en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante la dana del 29 de octubre.
En un informe de 200 páginas, remitido a la jueza instructora, se detalla la ausencia de control sobre el barranco del Poyo.
Según el informe, resalta que no hubo avisos pese al rápido ascenso del caudal desde las 16:15 horas. A esa hora se superó el umbral 1; a las 17:00, el umbral 2; y a las 17:25 se rebasó el umbral 3, según la cronología oficial.
Aun así, no se emitió ninguna alerta hasta las 18:43, cuando el caudal alcanzó los 1.686 metros cúbicos por segundo. Esa demora en los avisos fue clave, según la Guardia Civil, en la muerte de 228 personas por la crecida de la rambla.
La Policía Judicial de Valencia subraya que esa crecida fue determinante en el número de víctimas mortales de la catástrofe.
El Instituto Armado apunta directamente a la CHJ por no comunicar en tiempo real la evolución crítica del caudal.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha evitado imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, por ahora. Pese a las peticiones de varias partes, Polo ha sido citado únicamente como testigo, no como investigado.
La Guardia Civil pone en la mira a la Confederación del Júcar | Europa Press
Sin embargo, el informe de la Guardia Civil plantea dudas sobre su papel y la gestión durante las horas clave. La unidad investigadora pregunta por qué no se activaron los protocolos internos ante los avisos preceptivos.
Los protocolos marcan el envío de correos al superarse 30, 70 y 150 m³/s, pero ninguno se emitió a su debido tiempo.
Solo se envió una comunicación conjunta superados los 1.600 m³/s, diez veces más que el tercer umbral crítico. Ese correo de las 18:43 contenía la información acumulada de todos los umbrales ya sobrepasados.
Los agentes señalan que dicha alerta, tan tardía, no sirvió para prevenir las consecuencias de la riada.
Según el informe, el control sobre el dispositivo de registro en el barranco fue prácticamente inexistente. La Guardia Civil afirma que hubo una falta clara de supervisión justo en el momento más crítico del día.
Este hecho ha sido puesto en duda incluso por la propia magistrada en uno de sus últimos autos judiciales.
El silencio del presidente Miguel Polo ha sido total desde la tragedia, por orden del Gobierno central.
Siete personas murieron también en Castilla-La Mancha, donde García-Page ha criticado la gestión del agua. El presidente manchego ha anunciado posibles acciones legales contra la Confederación del Segura tras el verano.
Ambas confederaciones han sido señaladas por su falta de previsión durante la dana que devastó el sureste español. Las similitudes en los errores cometidos apuntan a un patrón común de falta de reacción y alertas.
El informe de la Guardia Civil deja abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en el caso.
La investigación judicial continúa en marcha mientras se depuran responsabilidades en varias administraciones.
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