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Un hombre con barba y gafas está sentado en una oficina, al fondo se ve el logo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
POLÍTICA

La Guardia Civil analiza los terminales encriptados de los dispositivos de Aldama

El análisis de dispositivos electrónicos encriptados podría proporcionar evidencias adicionales a la causa

La Guardia Civil ha intensificado su investigación sobre una supuesta red de corrupción mediante el análisis de terminales encriptados. Los dispositivos están siendo examinados por la Unidad Central Operativa (UCO) como parte de una compleja operación judicial en curso.

Las pesquisas se basan en evidencias aportadas por Víctor de Aldama, presunto intermediario, quien asegura tener pruebas clave del caso. Este proceso, marcado por la discreción habitual de la UCO, se ha visto mediatizado por declaraciones de los implicados en el caso.

De Aldama, junto a Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, protagonizan entrevistas y acusaciones públicas que amplían el foco. Las declaraciones del empresario han salpicado a otras figuras políticas, extendiendo el alcance de las investigaciones judiciales.

Según fuentes cercanas al caso, los mensajes interceptados vinculan adjudicaciones públicas con pagos de comisiones ilegales o “mordidas”. Estas comisiones, asegura Aldama, servían para garantizar licitaciones favorables gestionadas por el Ministerio de Transportes.

Además, el empresario señaló supuestos favores personales, como el pago de alquileres y transacciones de efectivo a través del extranjero. Koldo García, ex asesor de Ábalos, y su entorno habrían facilitado estas operaciones, según las declaraciones del intermediario.

El análisis de dispositivos electrónicos encriptados podría proporcionar evidencias adicionales para sustentar las acusaciones existentes. Investigadores no descartan que estos terminales revelen conexiones con otros políticos, ampliando la lista de posibles implicados.

Un hombre con abrigo oscuro camina por la calle junto a un coche negro y una barrera amarilla.

Entre las afirmaciones más polémicas, Aldama acusó al ministro Ángel Víctor Torres de participar en reuniones en pisos turísticos. El empresario asegura que estas reuniones, organizadas en Madrid, incluían la asistencia de José Luis Ábalos y otros funcionarios.

Torres ha rechazado categóricamente estas acusaciones y ha anunciado medidas legales para proteger su reputación ante los tribunales. Por su parte, José Luis Ábalos también ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas y ha criticado la falta de pruebas concretas.

El exministro asegura que su gestión fue siempre transparente y que las acusaciones son parte de una campaña mediática de desprestigio. Además, denunció posibles irregularidades en las pesquisas de la Guardia Civil, como la interceptación de comunicaciones privadas.

La UCO, sin embargo, sigue trabajando en el análisis de miles de folios y documentos entregados a la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales indican que la investigación podría prolongarse meses, dada su complejidad y la implicación de figuras de alto perfil.

Víctor de Aldama menciona a Begoña Gómez

 

Víctor de Aldama también ha mencionado a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, como parte de una reunión en San Petersburgo. El empresario asegura que estos encuentros, junto con otros detalles, podrían tener relevancia en el contexto de la investigación.

Begoña Gómez ha rechazado estas afirmaciones, calificándolas de fabricaciones destinadas a distraer de los hechos principales del caso. Pedro Sánchez, en defensa de su esposa, ha criticado el uso político del caso y exige respeto hacia las investigaciones judiciales.

Un hombre con abrigo oscuro camina por una acera mientras dos policías están de pie junto a una pared.

El análisis de los terminales electrónicos sigue siendo una pieza clave para determinar la magnitud de la supuesta trama de corrupción. La UCO mantiene la posibilidad de nuevas citaciones y avances significativos en las próximas semanas, según fuentes del caso.

La oposición política ha solicitado mayor transparencia y cooperación del Gobierno para garantizar que se esclarezcan todos los hechos. El caso ha despertado una intensa atención mediática y promete ser uno de los más significativos de los últimos años en España.

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