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Un hombre con expresión pensativa y las manos en el rostro, frente a un cartel rojo con el logo del PSOE.
POLÍTICA

¿Podría ser imputado Juan Lobato por el correo relacionado con el novio de Ayuso?

El documento investigado revela una posible violación del secreto profesional, al acceder y divulgar información

La posibilidad de que Juan Lobato, sea imputado en la causa del mail relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, genera un intenso debate político y judicial. Este caso, que implica a altos cargos de Moncloa. Se centra en la presunta filtración de un correo con información sensible sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El correo electrónico, que habría circulado entre figuras destacadas del PSOE antes de ser publicado, contiene detalles de la investigación fiscal que afectaba a Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Según el informe de la UCO, este correo estuvo en manos de Lobato. Además de otros altos funcionarios del Gobierno, como Francesc Vallés, Pilar Sánchez Acera e Ion Antolín, antes de su aparición en los medios.

El documento investigado revela una posible violación del secreto profesional, al acceder y divulgar información que, según la UCO, no provenía de medios de comunicación, sino de canales internos no autorizados. Este extremo ha llevado al Tribunal Supremo a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la posible filtración de este correo confidencial.

Un hombre en traje oscuro y corbata azul levanta la mano mientras camina en un entorno interior iluminado.

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato descartó de plano que pueda ser imputado en esta causa. "La mía, desde luego, no", aseguró con firmeza. Según el exlíder socialista, entregó voluntariamente su móvil a la UCO y asegura haber sido totalmente transparente durante todo el proceso. 

Sin embargo, las revelaciones de la UCO muestran conversaciones que podrían apuntar a un conocimiento previo del correo antes de su publicación.

El informe indica que Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa, envió el documento a Lobato antes de que este lo utilizara públicamente en un pleno de la Asamblea. Lobato optó por citar el correo ya publicado por El Plural, tras notar inconsistencias en el origen del documento proporcionado por Sánchez Acera. Para protegerse, acudió a una notaría donde registró los mensajes intercambiados, dejando constancia de lo ocurrido.

La implicación de Lobato y otros altos cargos en este caso no solo ha agitado el panorama político. Si no que también ha abierto interrogantes sobre el papel de Moncloa en una presunta campaña contra Ayuso.

La presidenta madrileña ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de liderar una operación para desacreditarla. Ayuso calificó al presidente de "cobarde" y aseguró que "cada vez hay más evidencias" de una estrategia organizada en su contra.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue bajo investigación. Aunque la UCO no ha encontrado pruebas concluyentes en su móvil ni en su ordenador que lo vinculen directamente con la filtración. Este hecho ha dado un respiro a García Ortiz, aunque no exime la responsabilidad de otros implicados en el caso.

Un hombre con barba y cabello oscuro lleva un traje gris y camisa blanca mientras mira hacia abajo.

Las pruebas más relevantes

Entre las pruebas más relevantes se encuentra una conversación de WhatsApp donde Sánchez Acera admitió a Lobato haber tenido acceso al correo.  Pero sin explicar cómo llegó a ella. La frase "porque llega" utilizada por Sánchez Acera ha sido interpretada por los investigadores como una referencia a una posible filtración desde dentro de la Fiscalía o Moncloa.

El informe de la UCO detalla que el correo estaba en manos de varios altos cargos antes de las 8:29 horas del día de su publicación en medios. Esto refuerza la teoría de que la filtración no provino de periodistas, sino de canales internos.

Estas revelaciones complican aún más la posición de Lobato y de los demás implicados. Quienes podrían enfrentarse a cargos por revelación de secretos y uso indebido de información confidencial.

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