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Hombre joven con jersey rojo mira serio a la cámara con un círculo que muestra a tres personas encapuchadas levantando el puño frente a un cartel en una pared azul
POLÍTICA

El Gobierno vasco concede el tercer grado a Asier Arzalluz, miembro de ETA y asesino del periodista López de la Calle

Fue miembro del comando Totto de ETA y acumula condenas por asesinato, intento de asesinato, atentados terroristas y detención ilegal

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exmiembro de ETA Asier Arzalluz Goñi, alias Santi. Fue condenado, entre otros delitos, por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. La decisión, adoptada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, ha provocado una fuerte reacción por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo.

Estas cuestionan la aplicación de beneficios penitenciarios en este caso.

Hombre joven con camiseta naranja mirando hacia un lado en un interior iluminado

La medida se produce apenas unos días después de que el Ejecutivo autonómico aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Garikoitz Aspiazu Rubina. Alias Txeroki, permitiéndole salir en régimen de semilibertad de lunes a viernes. En el caso de Arzalluz, la concesión del tercer grado implica que podrá cumplir el resto de su condena en régimen abierto. 

Residiendo fuera del centro penitenciario bajo determinadas condiciones.

Quién es Asier Arzalluz

Asier Arzalluz Goñi fue miembro del comando Totto de ETA y acumula varias condenas. Por asesinato, tentativa de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra. En el año 2000 participó en varios atentados mortales, entre ellos los asesinatos de Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas y Máximo Casado Carrera.

El 2 de diciembre de 2024, la Audiencia Nacional lo condenó a la pena máxima de 30 años de prisión. Todo por el asesinato del periodista y colaborador de El Mundo José Luis López de Lacalle, cometido en Andoain en mayo de 2000. En aquella sentencia, los magistrados subrayaron que ni Arzalluz ni su compañero de comando habían mostrado en más de dos décadas “ningún signo de arrepentimiento o de disculpa”.

Reacciones de las víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha calificado la concesión del tercer grado como un “tercer grado fraudulento”. Y ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra la decisión.

Tres personas enmascaradas con boinas negras sentadas tras una mesa frente a un fondo azul con un emblema en la pared

La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, sostiene que la normativa penitenciaria no obliga a conceder este tipo de beneficios. Sino que faculta a la administración a aplicarlos de manera discrecional.

Desde COVITE argumentan que el ordenamiento jurídico permitiría denegar el tercer grado cuando no existe un arrepentimiento real. Ni una desvinculación efectiva del entorno político que respaldó la actividad terrorista. Según el colectivo, Arzalluz continúa vinculado al entorno de la izquierda abertzale y figura en listados de Etxerat, asociación que agrupa a presos de ETA.

Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha defendido la legalidad de la decisión. Señalando que se trata de una aplicación ordinaria de la normativa penitenciaria vigente, orientada a la reinserción social. El Ejecutivo autonómico recuerda que la gestión de las prisiones es competencia del Gobierno vasco desde 2021. 

Indican que estas resoluciones se adoptan conforme a informes técnicos.

Un debate reabierto

La progresión al tercer grado de Asier Arzalluz reabre el debate sobre la política penitenciaria aplicada a condenados por terrorismo y el equilibrio entre reinserción y memoria de las víctimas. Mientras el Gobierno vasco insiste en que actúa dentro del marco legal, las asociaciones de víctimas advierten del riesgo. Que estos beneficios sean percibidos como una desprotección de la justicia y la memoria histórica.

La decisión seguirá previsiblemente su recorrido judicial si prospera el recurso solicitado por las víctimas. En un contexto de especial sensibilidad social en torno a los crímenes de ETA y sus consecuencias.

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