El Gobierno usa fondos de la UE para impulsar la Ley de Nietos

El Gobierno ha reconocido que parte de los fondos europeos Next Generation EU se están utilizando para reforzar la red consular en el marco del proceso de nacionalizaciones derivado de la conocida como Ley de Nietos. Así lo recoge una respuesta parlamentaria remitida al Senado, en la que el Ejecutivo explica que esos recursos financian actuaciones de transformación digital destinadas, entre otros fines, a gestionar el elevado volumen de solicitudes de nacionalidad.

La contestación fue enviada al Grupo Parlamentario Popular y detalla las medidas adoptadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para hacer frente al aumento de trabajo en los consulados españoles repartidos por todo el mundo.

El Ejecutivo sostiene que la demanda de servicios consulares ha crecido de forma sostenida debido al incremento de ciudadanos españoles residentes en el exterior y a la aplicación de la normativa vigente, incluida la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, correspondiente a la Ley de Memoria Democrática.

No obstante, el Gobierno evita cuantificar cuánto dinero ha supuesto específicamente el proceso de concesión de nacionalidades derivado de esa normativa.

Fondos europeos para modernizar la red consular

En su respuesta, el Ejecutivo explica que el refuerzo de la red consular se está desarrollando de manera progresiva mediante diferentes actuaciones.

Entre ellas cita la reorganización interna de personal, la redistribución de efectivos según las necesidades operativas y el incremento puntual de recursos humanos mediante contrataciones temporales financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, precisa que las actuaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica, la gestión documental y los sistemas de citas sí se están financiando con fondos europeos Next Generation EU.

Esos recursos forman parte del plan de transformación digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, presupuestado en 2021 con una dotación de 115 millones de euros procedentes del mecanismo europeo de recuperación.

El Gobierno señala que ese programa incluye el suministro de equipamiento informático, el desarrollo de nuevos sistemas digitales, una nueva sede electrónica y la denominada carpeta consular para los ciudadanos.

Pese a ello, insiste en que resulta imposible determinar cuánto dinero corresponde exclusivamente al proceso de nacionalizaciones derivado de la Ley de Nietos.

Según argumenta, no existe un dato consolidado que permita separar el coste específico de esas actuaciones respecto al conjunto del plan de digitalización.

Asimismo, niega que se hayan ejecutado obras de ampliación o adaptación de inmuebles consulares motivadas por el aumento de solicitudes.

Las cifras facilitadas por el Ejecutivo reflejan la magnitud alcanzada por este proceso. A fecha 30 de abril se habían presentado 2.622.450 solicitudes de nacionalidad al amparo de esta normativa.

De ese total, 557.709 expedientes ya habían sido aprobados por las autoridades competentes.

El Gobierno también reconoce que resulta "imposible" calcular un plazo medio de resolución debido a las diferencias existentes entre las más de 170 oficinas consulares implicadas en la tramitación.

Cada consulado afronta una carga de trabajo distinta y cuenta con recursos diferentes, lo que impide ofrecer una estimación homogénea sobre los tiempos de espera.

El debate político continúa creciendo

La aplicación de la Ley de Nietos continúa generando un intenso debate político.

En los últimos meses han trascendido informaciones sobre actos multitudinarios de jura de nacionalidad celebrados en distintos consulados españoles, algunos con más de un millar de participantes en una misma convocatoria.

También se ha informado de casos de descendientes de emigrantes que abandonaron España a finales del siglo XIX y que han accedido a la nacionalidad española tras la ampliación de los criterios de aplicación de la norma.

El Partido Popular mantiene una posición crítica respecto al desarrollo de este proceso.

Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de impulsar una "ingeniería electoral" con el objetivo de ampliar el número de potenciales votantes en el exterior.

El líder popular considera que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no responden únicamente a criterios administrativos y ha defendido la necesidad de aprobar una futura Ley de Nacionalidad con mayores garantías y un ámbito de aplicación más limitado.

La polémica se intensificó después de que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 con el respaldo parlamentario de EH Bildu, fuera desarrollada mediante una instrucción administrativa que amplió el alcance inicial previsto por la norma.

Según distintas informaciones, esa interpretación permitió extender el acceso a la nacionalidad a descendientes de emigrantes por causas distintas al exilio político, llegando incluso a admitirse solicitudes correspondientes a generaciones muy alejadas de los emigrantes originales.

Mientras continúa el debate político sobre el alcance de esta legislación, el Gobierno confirma que parte del proceso de modernización tecnológica de la red consular, financiado con fondos europeos, sirve también para gestionar el elevado volumen de expedientes derivados de la conocida como Ley de Nietos.