Las declaraciones de Saiz llegan en un contexto de creciente presión política sobre el Gobierno por las causas que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo
El Gobierno considera que "no se entendería" la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como ha solicitado la acusación popular al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que la investiga.
Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido la posición del Ejecutivo ante una petición que deberá resolver el magistrado. Desde el Gobierno sostienen que no concurren las circunstancias necesarias para adoptar una medida cautelar de estas características.
La solicitud de la acusación popular se produce en el marco del procedimiento judicial abierto contra Gómez, cuya situación procesal continúa avanzando en los tribunales. El Ejecutivo mantiene su respaldo a la esposa del presidente y ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y el desarrollo de las actuaciones judiciales.
Las declaraciones de Saiz llegan en un contexto de creciente presión política sobre el Gobierno por las causas que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo, convertidas en uno de los principales focos de confrontación entre el PSOE y la oposición.
La decisión queda en manos del juez Peinado
Será el juez Juan Carlos Peinado quien deba decidir si acepta o rechaza la petición de la acusación popular sobre la retirada del pasaporte. La adopción de medidas cautelares corresponde exclusivamente al instructor de la causa, que deberá valorar si concurren los requisitos legales para ello.
El caso de Begoña Gómez continúa marcando parte de la agenda política y judicial, mientras el Ejecutivo insiste en desvincular el plano institucional del procedimiento abierto en los tribunales. La oposición, por su parte, mantiene la presión sobre el Gobierno y reclama explicaciones por las investigaciones que afectan al entorno del presidente.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, el debate sobre el alcance de las medidas cautelares y el desarrollo de la investigación sigue alimentando el enfrentamiento político. Entretanto, el Gobierno mantiene su defensa de Gómez y reitera su confianza en el funcionamiento de la Justicia.
